45.000 correos de un exdirectivo aragonés de Forestalia: las pruebas que puede cambiar el caso
El caso Forestalia tiene dos ramas diferenciadas. La primera, la que culminó en las detenciones del 3 de marzo, investiga una presunta trama de corrupción de ámbito estatal centrada en las evaluaciones ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica.
La segunda, la rama aragonesa, está aún en fase de indagación y afecta a ex altos cargos del Gobierno de Aragón y exdirectores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Estos aparecen mencionados en los informes de la UCOMA y en los autos judiciales, pero su situación procesal es radicalmente distinta a la de los seis detenidos: de momento, no están imputados.
Esa distinción es crucial y conviene subrayarla. Algunos de los mencionados llegaron incluso a presentar escritos en el Juzgado número 1 de Teruel solicitando personarse en la causa, petición que el juez rechazó con un argumento claro: hasta la fecha, al instructor no le constaban "razones para dirigir la acción penal frente" a ellos.
En una providencia de febrero, el magistrado precisó que su aparición en los atestados policiales no tenía aún la "virtualidad para convertirse en un escrito formal de imputación de hechos", sin perjuicio de que eso pudiera cambiar en función de lo que arrojen las investigaciones en curso.
Quiénes son y por qué aparecen en los informes
Los nombres que más se repiten en los informes de la UCOMA son tres, ya conocidos en el contexto de este caso: Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente en varias legislaturas a principios de siglo; Ana Cristina Fraile, que fue su jefa de gabinete durante un periodo; y Luis Marruedo, que ocupó distintos cargos en el Ejecutivo aragonés hasta 2015 —secretario general técnico de Medio Ambiente, viceconsejero y director general de Desarrollo Rural— en gobiernos de PSOE, PP y con el PAR como socio.
Los tres son citados principalmente por dos motivos. Primero, por la venta de la sociedad Athmos Sostenibilidad a Forestalia en 2018 por cuatro millones de euros, operación que la UCOMA considera que podría haberse realizado con sobreprecio —aunque el informe pericial sobre ese extremo aún está pendiente—. Segundo, por su posterior incorporación a los cuadros directivos del grupo de Fernando Samper tras dejar la administración pública aragonesa.
El informe del SEPBLAC que lo desencadenó
La apertura de esta rama de la investigación tiene un origen concreto. Las continuas referencias a Boné, Fraile y Marruedo en la prensa durante los trabajos de la comisión de investigación sobre renovables creada en las Cortes de Aragón en 2023 llevaron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) a emitir un informe confidencial de inteligencia financiera sobre la venta de Athmos.
Ese informe fue enviado a la Fiscalía Anticorrupción, que lo remitió a la Fiscalía de Teruel. Fue ese documento el que provocó la ampliación de las diligencias ya en curso sobre presunto delito medioambiental para incluir también posible prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Lobera, Ontañón y los 45.000 correos
Además del trío más mediático, en los autos judiciales aparecen otros nombres relevantes. Jesús Lobera, exdirector general del INAGA durante cerca de ocho años, es descrito en los informes de la UCOMA como "figura central en las acusaciones de presión y cambio de procedimientos" para el supuesto amaño de expedientes favorables a Forestalia.
Carlos Ontañón, otro exdirector del INAGA y posterior responsable de Tramitación en Forestalia, aparece como uno de los directivos de la empresa que se reunía de forma habitual con Lobera y con el propio Fernando Samper.
También se cita al exconsejero de Medio Ambiente Joaquín Olona, al que los informes policiales relacionan con una supuesta amenaza a un funcionario crítico con las evaluaciones que se estaban realizando para que fuese cesado.
En los registros del 3 de marzo, la Guardia Civil intervino, entre otros materiales, un contrato privado de 2015 entre Fernando Samper y Ana Cristina Fraile y más de 45.000 correos electrónicos de Luis Marruedo correspondientes a su etapa como directivo de Forestalia. Es en el análisis de esa ingente documentación donde reside, en buena medida, el futuro procesal de todos los mencionados.
