El otro fiasco de Boné y Marruedo: 9 años antes del caso Forestalia, el plan de depuración que costó 3.000 millones
Los nombres de Alfredo Boné y Luis Marruedo llevan semanas apareciendo en los titulares por su presunta vinculación al caso Forestalia. Pero no es la primera vez que ambos se sientan en el foco de una investigación institucional en Aragón.
Hace 9 años, según publicó en exclusiva el director de HOY ARAGÓN, Álvaro Sierra, en las páginas de El Español, un contundente informe de la Cámara de Cuentas de Aragón ponía los puntos sobre las íes sobre un plan desmedido, milmillonario y con multitud de errores administrativos: el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de los gobiernos PSOE-PAR.
Este informe publicado entonces por el director de este periódico, precipitó la comisión de investigación parlamentaria sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD). Los mismos protagonistas que son señalados en el caso Forestalia ya habían dejado su huella en uno de los proyectos medioambientales más cuestionados de la historia de la comunidad: un plan faraónico de más de 3.000 millones de euros para llenar Aragón de depuradoras que acabó siendo, según sus críticos, un monumento a la desproporción y al gasto mal planificado.
El PASD fue diseñado en 2009 desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, presidido entonces por Marcelino Iglesias (PSOE) en coalición con el PAR. Al frente de esa consejería estaba Alfredo Boné, aragonesista que llegaría a describir el plan como "la mayor inversión ambiental jamás realizada en Aragón y una de las más ambiciosas de toda Europa".
El objetivo era depurar las aguas residuales de los 731 municipios de la comunidad, todos ellos, independientemente de su tamaño. Un detalle relevante: la directiva europea que se invocaba como justificación solo obligaba a tratar las aguas de núcleos de más de 2.000 habitantes. Aragón tiene 62 municipios por encima de ese umbral. El plan contemplaba 1.153 plantas depuradoras.
Un convenio, 142 millones y muchas preguntas
Para financiar la operación, Boné firmó en 2008 un convenio con la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por valor de 142,6 millones de euros con cargo al Ministerio, con el compromiso de ejecutar completamente las depuradoras antes del 31 de diciembre de 2016. A finales de 2015, según el informe de la Cámara de Cuentas, solo se habían construido 120 de las 433 previstas en ese convenio.
Pero la cuestión no era solo el ritmo de ejecución. El informe de la Cámara de Cuentas, publicado en 2017, señaló posibles responsabilidades en la planificación, el funcionamiento y la gestión del plan. Entre los aspectos cuestionados: una línea de subvenciones de 80 millones de euros para renovación de alcantarillado y abastecimiento en municipios, adjudicada sin concurrencia pública; cerca de 16 millones en asistencia técnica a la empresa pública Sodemasa —que llegó a tener más de 1.000 trabajadores—; y 29 millones del Ministerio destinados a plantas de purines en pequeños municipios, la mayoría de las cuales nunca recibieron ni una cuba y permanecen paralizadas.
La comisión de investigación de las Cortes de Aragón que se abrió a raíz de ese informe fue el escenario donde Boné tuvo que defender su gestión. Marta de Santos, entonces diputada de Podemos, le puso sobre la mesa los datos de un informe encargado por su grupo a una consultoría económica, según el cual los municipios gobernados por el PAR habían salido "claramente beneficiados" en el reparto de subvenciones.
Boné lo calificó de "muy poco serio" y argumentó que los municipios del PAR eran en su mayoría más pequeños y que, calculado por habitante, era lógico que recibieran más. "Será que los municipios del PAR tenían más tuberías de plomo que sustituir que el resto", ironizó De Santos.
El escenario político y de investigación parlamentaria terminó como si nada. Con pocas conclusiones y sin detalles reveladores que fueran constitutivos de delito. Sin embargo, Podemos quiso llegar hasta el final y elevó el informe de la Cámara de Cuentas autonómica y el dictamen de la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón a la Fiscalía estatal. De ese hecho, nada más se supo.
Las mismas personas, el mismo sector
Lo que conecta el PASD con el caso Forestalia no es solo la coincidencia de nombres, sino el patrón. Cuando Boné dejó la Consejería de Medio Ambiente tras las elecciones de 2011, fundó junto a Luis Marruedo —que había sido su viceconsejero— y Ana Cristina Fraile —su jefa de gabinete— dos sociedades que operaban en el mismo sector que ellos habían gestionado desde el Gobierno.
Años después, a finales de 2018, esas mismas personas vendieron la sociedad Athmos Sostenibilidad al grupo Forestalia por cuatro millones de euros, un importe que la Guardia Civil considera "muy por encima del valor real" de la empresa. Marruedo y Fraile pasaron entonces a formar parte del grupo empresarial de Fernando Samper.
En su momento, cuando se constituyeron las primeras sociedades tras dejar la consejería, la vieja cúpula de Medio Ambiente rechazó que aquello fueran "puertas giratorias". Hoy, la UCOMA de la Guardia Civil utiliza exactamente ese término —puertas giratorias— para describir su incorporación a Forestalia en el nuevo atestado del caso.
Lo que la historia del PASD añade al relato actual no es una condena anticipada sino un contexto: los mismos actores, el mismo sector medioambiental y el mismo patrón de tránsito entre la administración pública y la empresa privada han estado en el centro de la controversia institucional en Aragón no una sino dos veces.
La primera vez acabó en comisión de investigación parlamentaria. La segunda está en manos de la Guardia Civil y los juzgados.
