La incógnita de la sanidad aragonesa: el concurso de ambulancias, estancado
El concurso para el transporte sanitario no urgente en Aragón, valorado en 60 millones de euros, ha sido suspendido cautelarmente en un contexto marcado por tensiones en el sector. Esta licitación, destinada a cubrir un servicio esencial para la comunidad, enfrenta problemas derivados de las condiciones económicas y operativas planteadas en el pliego, que han generado críticas por parte de empresas y asociaciones del sector.
La principal problemática radica en las bases del concurso, que, según las recurrentes, no garantizan la rentabilidad necesaria para las empresas adjudicatarias. Tanto Aetrans, patronal que representa a pequeñas y medianas empresas de transporte sanitario, como la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ambulancias Maiz y Transportes Sanitarios del Norte, señalaron que los precios ofertados para la prestación de los servicios no son sostenibles en términos económicos. Esto implica que las empresas adjudicatarias podrían enfrentar dificultades para cubrir los costes asociados a la operación, como el mantenimiento de las ambulancias, los salarios de los trabajadores y los gastos logísticos, según una información de Crónica Global.
Además, el proceso de licitación ha estado envuelto en una falta de claridad en las respuestas proporcionadas por la mesa de contratación. Tanto Aetrans como la UTE presentaron solicitudes de aclaración sobre ciertos aspectos del pliego, pero alegan que las respuestas obtenidas no fueron satisfactorias o no resolvieron adecuadamente sus dudas. Esto alimentó las sospechas de posibles irregularidades o fallos en la gestión del concurso, lo que llevó a ambas partes a presentar recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Otro punto de controversia es la creciente presencia de empresas externas a Aragón, particularmente catalanas, que han mostrado interés en el concurso. Esto ha generado inquietud entre las empresas locales, que consideran que los criterios de adjudicación podrían favorecer a grandes compañías externas en detrimento de las pymes aragonesas, afectando así al tejido empresarial de la región.
Este contexto no es nuevo en Aragón. En años anteriores, la licitación del transporte sanitario ya había enfrentado recursos administrativos. En 2023, tanto Aetrans como la patronal nacional Anea interpusieron reclamaciones argumentando, de nuevo, la falta de rentabilidad de los términos propuestos. Aunque en aquella ocasión el proceso se desbloqueó, las dificultades económicas y operativas continuaron siendo un tema recurrente.
A nivel nacional, la situación del transporte sanitario también refleja tensiones similares. Un ejemplo es el reciente concurso en Cataluña, donde la empresa danesa Falck se consolidó como la gran vencedora, adjudicándose el lote más importante. Este desenlace, que también generó críticas, pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las administraciones para encontrar un equilibrio entre la calidad del servicio y las condiciones económicas para las empresas.
La suspensión del concurso en Aragón añade incertidumbre sobre la capacidad de las instituciones públicas para gestionar servicios esenciales en condiciones de equidad y sostenibilidad. Mientras el Tribunal resuelve las impugnaciones, el sector se enfrenta al desafío de garantizar la continuidad y calidad de un servicio vital para los ciudadanos, todo ello en un marco de tensiones económicas, competitividad interregional y cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación pública.
