El gasto en Sanidad y Educación de la DGA se desvía casi 80M en 8 meses
La desviación del gasto en personal en el Servicio Aragonés de Salud y en Educación alcanzó los 78 millones de euros hasta el mes de agosto, según ha confirmado este lunes la interventora general del Gobierno de Aragón, Ana Gómez. Esta cifra no considera todavía el incremento salarial del 3% para los empleados públicos previsto para este año.
Gómez ha comparecido en la Comisión de Hacienda de las Cortes tras la solicitud del PSOE, cuyo portavoz, Óscar Galeano, ha cuestionado si el presupuesto en materia de personal estaba "bien dotado". Galeano ha subrayado que la desviación hasta julio había sido "peor" que en el último año del gobierno de Javier Lambán. Además, ha mencionado que el presidente, Jorge Azcón, había afirmado que no habría cambios "a martillazos" en el presupuesto.
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS INFORMES
Galeano también ha criticado la falta de transparencia del Ejecutivo, señalando que el informe de agosto sobre la evolución del gasto de personal no se había publicado. Gómez ha asumido la responsabilidad por este retraso, atribuyéndolo a la carga de trabajo acumulada durante el primer semestre del año.
El portavoz del PSOE ha advertido que la desviación presupuestaria sería cubierta con los recursos del fondo de personal de la sección 30 y mostró preocupación por posibles ajustes en otros departamentos. También ha destacado el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de abril, que alertaba de una desviación en la regla de gasto del 5,2%.
CAPACIDAD DE ABSORBER EL AUMENTO SALARIAL
Durante su intervención, Gómez ha detallado que el presupuesto destinado al personal ha crecido un 9,31% en las cuentas de 2024 respecto al año anterior, y que el nivel de obligaciones reconocidas ha crecido en un porcentaje similar. Según ha explicado, esto permitía absorber tanto el aumento salarial del 3% (que incluye un 2% fijo y un 1% ligado al PIB y al IPC armonizado), como otros posibles incrementos de gasto en personal.
Sin embargo, ha indicado que ello no evitaba problemas de insuficiencia presupuestaria en determinados departamentos o entidades autónomas, algo que ha sucedido desde que Aragón asumió las competencias de Sanidad y Educación. Al 31 de agosto, la desviación en el sector de la salud oscilaba entre 43 y 48 millones de euros, mientras que en el ámbito educativo se situaba entre 25 y 30 millones.
MOTIVOS DEL DESFASE EN SANIDAD
Gómez ha explicado que el gasto en personal en el Servicio Aragonés de Salud había aumentado un 8%, debido a varios factores, como la consolidación de pactos salariales acordados antes de las elecciones autonómicas de 2023. También ha influido el pago de atrasos al personal estatutario en el primer trimestre del año por la carrera profesional, lo que ha supuesto 22 millones de euros sin contar la parte correspondiente a la Seguridad Social, además del aumento en el número de empleados.
Esta desviación, según la interventora, no incluía la subida salarial prevista para los empleados públicos, que se abonará en la nómina de septiembre. Si se descontaran los 22 millones correspondientes a los atrasos de la carrera profesional, el desfase bajaría del 8% a algo más del 4%.
FONDOS PARA CUBRIR LA INSUFICIENCIA EN EDUCACIÓN
La situación en el sector educativo también presentaba una insuficiencia presupuestaria, que oscilaba entre 25 y 30 millones de euros. No obstante, Gómez ha resaltado que existía crédito suficiente para cubrir este desfase con los 135 millones de la sección 30, aunque reconoció que esta medida podía no ser "la más ortodoxa", según palabras de Galeano.
Gómez ha explicado que la sección 30 contenía un programa destinado al gasto en personal y que, tradicionalmente, allí se incluían los incrementos salariales para los empleados públicos. En su opinión, no era una mala práctica presupuestaria destinar parte de estos fondos para cubrir posibles carencias.
Finalmente, la interventora ha asegurado que, a día de hoy, la sección 30 contaba con recursos suficientes para solventar las insuficiencias presupuestarias tanto en el ámbito del Salud como en Educación.
