La OCDE alerta del déficit de las pensiones tras la reforma de Escrivá y pide recortes urgentes
La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España vuelve a situarse en el centro del debate económico internacional. Un reciente informe publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte de que, pese a la reforma impulsada bajo la dirección de José Luis Escrivá, el equilibrio financiero del sistema continúa en riesgo. El organismo señala que tras los cambios legislativos de los últimos años persiste un importante déficit, lo que obliga a plantear nuevas decisiones de contención del gasto o de ajuste para asegurar su viabilidad futura.
El estudio detalla que, en la actualidad, aproximadamente un 30% del gasto total en pensiones debe cubrirse mediante transferencias del Estado. Dichas aportaciones públicas han experimentado un aumento significativo, pasando de 15.600 millones de euros en 2019 a 41.600 millones en 2024, cifra equivalente a alrededor del 3% del Producto Interior Bruto. Esto significa que las cotizaciones sociales —aun con las subidas introducidas— solo son suficientes para financiar el 70% de las prestaciones.
Según recoge el documento, si el sistema continúa funcionando en los mismos términos, la distancia entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones se incrementará notablemente en las próximas dos décadas. La OCDE advierte de que, si esa brecha se sigue compensando con fondos procedentes de ingresos generales del Estado, se restarán recursos destinados a otros ámbitos prioritarios de política pública. Con ello, el mantenimiento de las pensiones podría implicar la reducción de otras partidas estratégicas para el funcionamiento del país.
La organización internacional cita además las conclusiones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su evaluación realizada el pasado marzo. Aunque el organismo fiscalizador no activó la cláusula automática que obligaría a introducir ajustes, la OCDE sostiene que el mecanismo presenta limitaciones y debería revisarse para corregir posibles insuficiencias. Recuerda también que la AIReF prevé un incremento creciente del desequilibrio entre ingresos y desembolsos debido, en parte, a las reformas aprobadas entre 2021 y 2023.
Entre las recomendaciones, la OCDE descarta nuevos aumentos de cotizaciones por el impacto que estos podrían tener en los costes laborales y en el empleo. En su lugar, apuesta por medidas que amplíen la vida laboral y retrasen la salida del mercado de trabajo. El informe señala que en España existe un abandono temprano de la actividad profesional entre trabajadores de mayor edad, con tasas elevadas de inactividad y desempleo prolongado. Aunque reconoce que la última reforma ha dado pasos para incentivar el retraso de la jubilación y dificultar la anticipada, insiste en que el margen de mejora sigue siendo considerable.
Otra propuesta destacada es la incorporación de un mecanismo que ajuste las prestaciones o la edad legal de retiro en función de la esperanza de vida, fórmula similar a la defendida recientemente por el Fondo Monetario Internacional. El informe recuerda que el factor de sostenibilidad —eliminado en la reforma— cumplía parcialmente ese objetivo, y que su supresión, junto con la revalorización anual ligada al IPC desde 2022, incrementará el gasto a largo plazo. En concreto, la AIReF calcula que la indexación al IPC añadirá 2,7 puntos de PIB al gasto en 2050, mientras que la eliminación del factor implica un aumento adicional cercano a un punto.
En este contexto, el organismo sugiere recuperar el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad, lo que conllevaría incrementos anuales menores y ajustes graduales para los nuevos pensionistas. También plantea extender el periodo de cálculo de la base reguladora desde los 29 mejores años actualmente contemplados hasta 35 años, medida que, según expone, contribuiría a reforzar el equilibrio financiero del sistema.
La OCDE concluye que, de no aplicarse medidas adicionales para contener el gasto o equilibrar las prestaciones, la partida destinada a pensiones continuará creciendo a un ritmo superior al de las cotizaciones. Esto limitaría la capacidad del Estado para responder a otros retos estructurales, entre ellos el acceso a la vivienda, y mantendría la presión sobre las cuentas públicas a medio y largo plazo.
