Trump ya plantea un arancel del 10% para todos los países: sus efectos dramáticos para España
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido este viernes su mayor revés judicial desde su regreso a la Casa Blanca. El Tribunal Supremo ha dictaminado, por seis votos frente a tres, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al mandatario a imponer aranceles de forma unilateral, como hizo tras el denominado “Día de la Liberación” en abril de 2025.
La sentencia supone un golpe directo a la estrategia comercial de la Administración republicana y abre la puerta a reclamaciones millonarias por parte de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones. El Alto Tribunal, de mayoría conservadora, respalda así el criterio de un tribunal inferior que ya había considerado que Trump se extralimitó en sus competencias.
“La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”, concluye el fallo. Los magistrados subrayan que la ley de 1977, diseñada para gestionar emergencias nacionales, no contiene referencia alguna a gravámenes ni derechos aduaneros y que ningún presidente anterior la había interpretado en ese sentido. Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh emitieron votos discrepantes.
Trump reaccionó con dureza. En una comparecencia en Washington calificó la decisión de “profundamente decepcionante” y aseguró sentirse “avergonzado” por algunos miembros del tribunal. Llegó a tildar de “antipatriotas” y “desgracia para la nación” a los jueces que apoyaron la sentencia, acusándolos de alinearse con “demócratas radicales” y sectores republicanos críticos.
Lejos de dar marcha atrás, el presidente anunció que firmará de inmediato una orden ejecutiva amparada en la Sección 122 para imponer un arancel global del 10%, que entraría en vigor en los próximos tres días. No obstante, esta vía solo permite aplicar los gravámenes durante un máximo de 150 días, salvo prórroga del Congreso.
Además, adelantó que iniciará investigaciones bajo la Sección 301 por supuestas “prácticas comerciales injustas” de empresas y Estados extranjeros, con el objetivo de establecer aranceles permanentes con mayor respaldo legal.
La resolución del Supremo complica el futuro de la política comercial de la Casa Blanca y podría desencadenar una prolongada batalla judicial. Miles de empresas afectadas por los aranceles podrían reclamar reembolsos, en un proceso que, según el propio Trump, podría prolongarse “cinco años”.
El fallo refuerza la tesis de que cualquier medida arancelaria de amplio alcance debe contar con una autorización clara del Congreso, limitando así el margen de maniobra del Ejecutivo en materia comercial y reabriendo el debate sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos.
