Teruel lidera la alianza con Cuenca y Soria para defender el medio rural ante Europa
Las organizaciones empresariales y las diputaciones de Cuenca, Soria y Teruel se unen para exigir que el criterio demográfico no desaparezca del reparto de fondos en el próximo ciclo europeo 2028-2034.
Las provincias de Cuenca, Soria y Teruel han dado un paso firme esta semana para articular una estrategia conjunta frente a los retos del despoblamiento rural y las amenazas al acceso a los fondos europeos. Empresarios de las tres provincias y representantes institucionales han suscrito un convenio en Cuenca que consolida su compromiso dentro de la Red SSPA (Soria, Teruel, Cuenca) y refuerza su capacidad de interlocución ante las instituciones comunitarias, estatales y autonómicas.
El encuentro anual sirvió para centrar la atención en una cuestión clave: las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En ese contexto, las organizaciones expresaron su preocupación por una propuesta de la Comisión Europea que suprime el criterio demográfico como factor de reparto de los fondos de cohesión, y propone fusionar las políticas agrícola y de cohesión bajo un solo pilar presupuestario. Esta reorientación presupuestaria, alertan, dejaría en grave desventaja a las zonas menos pobladas y económicamente más débiles.
Unidad para reivindicar derechos diferenciales
Al acto acudieron figuras destacadas del tejido empresarial y político regional: David Peña, presidente de CEOE-Cepyme Cuenca; Juan Ciércoles, de CEOE-Cepyme Teruel; Santiago Aparicio, de FOES; así como los presidentes de las diputaciones de Cuenca, Teruel y Soria. Juntos refrendaron la firma de un acuerdo que fija sus líneas de actuación compartidas para defender sus intereses comunes. Entre los puntos centrales del convenio figura la coordinación permanente para presentar una voz unificada frente a las negociaciones europeas.
Uno de los temas más insistidos fue el de las ayudas al funcionamiento —dotaciones que comenzaron a aplicarse en 2023—, que consideran fundamentales para la viabilidad de las empresas rurales. Las tres provincias solicitan su incremento para que dejen de ser un mero paliativo y se conviertan en un estímulo real para la actividad económica local.
Declaraciones con carácter reivindicativo
Durante el acto, David Peña instó a la unidad entre empresarios y diputados para “revertir el planteamiento europeo” y evitar que sus territorios queden excluidos de la agenda comunitaria. “En el nuevo ciclo nos jugamos mucho; se plantea un cambio que nos sitúa en desventaja frente a zonas más pobladas”, advirtió.
Por su parte, Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca, sostuvo que lo que reclaman no es ningún privilegio, sino “los derechos históricos que les corresponden”, especialmente en un contexto donde fenómenos como los incendios recientes demuestran la urgencia de mantener población en el medio rural. Aun así, celebró que Cuenca “va en la buena dirección” en cuanto al crecimiento demográfico y subrayó que el acuerdo suscrito ejemplifica la unidad de acción necesaria.
El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, rememoró el papel que la antigua agrupación NSPA tuvo para lograr reconocimiento diferenciado y señaló que, gracias al trabajo conjunto, “la Comisión Europea y el Gobierno de España conocen mejor nuestra situación”. En la misma línea, Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel, defendió la firma del convenio como una herramienta para exigir “la plena aplicación de las ayudas al funcionamiento” que, en su opinión, pueden aumentar la competitividad rural.
Desde la perspectiva empresarial y social, Santiago Aparicio (FOES) subrayó que en los debates europeos corre el riesgo de invisibilizarse la variable demográfica frente a temas como defensa, innovación o transición energética. Y Benito Serrano, de Soria, insistió en que el criterio demográfico no solo debe mantenerse sino reforzarse en el reparto de fondos europeos, junto con una mayor “ruraluzación” de las leyes estatales.

