Las 15 medidas anticorrupción propuestas por Sánchez tras el caso Cerdán

Pedro Sánchez ha confirmado en el Congreso la puesta en marcha de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, compuesto por quince medidas que, según ha afirmado, tendrán un impacto clave en la trayectoria institucional del país. El plan ha sido diseñado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se ha trabajado en él durante el último mes, tras conocerse el escándalo que afecta a Santos Cerdán.

Sánchez ha asegurado que esta estrategia busca posicionar a España “como un referente” en materia de integridad pública. Asegura que, estas medidas representan el mayor esfuerzo institucional para prevenir y reparar los efectos de la corrupción. El líder socialista ha explicado que la propuesta ha sido compartida con varios grupos parlamentarios, con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible.

Durante la convocatoria, ha reconocido que llegó a plantearse su dimisión cuando se hizo pública la presunta implicación de Cerdán en la misma trama en la que también están señalados el exministro José Luis Ábalos y su antiguo colaborador Koldo García.

La comparecencia ha tenido lugar en un contexto político condicionado por el reciente fortalecimiento del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo. En este escenario, Sánchez busca mantener la estabilidad parlamentaria y evitar un adelanto electoral.

El Gobierno espera que esta iniciativa ayude a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y marque un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción política.

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES EN MATERIA DE CORRUPCIÓN 

1. Se creará una Agencia de Integridad Pública independiente, encargada de coordinar la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas, evitando duplicidades y mejorando la eficacia en la lucha contra la corrupción; recomendación de su creación por parte de la OCDE.

2. Se extenderá la metodología aplicada a los fondos Next Generation a toda la Administración Pública, implementando mapas de riesgo y análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos como la contratación o la gestión presupuestaria.

3. Se introducirán aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar la detección de patrones anómalos e indicios de fraude.

4. El plan obliga a las empresas a contar con sistemas de compliance anticorrupción para contratar con las administraciones, y se desplegarán pactos de integridad en contratos públicos que permitan supervisar y reducir riesgos de mala praxis.

5. Para reforzar la transparencia, la nueva Ley de Administración Abierta impulsará mecanismos de alerta temprana, actualizará el portal de transparencia y establecerá controles patrimoniales aleatorios para altos cargos durante su mandato.

6. Se reforzarán los controles sobre los partidos políticos, exigiendo auditorías externas e independientes a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros, además de mejorar la transparencia en donaciones privadas mediante la reducción del umbral de publicación a 2.500 euros y la aceleración de los plazos de divulgación. También se propondrá una ley que regule la integridad en la relación entre grupos de interés y servidores públicos.

2. PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANATES DE CORRUPCIÓN

El Gobierno considera que estas personas deben contar con todas las garantías legales y no enfrentarse a represalias por actuar en defensa del interés público.

7. Se propone incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un juez cuente con confidencialidad, protección y apoyo legal. Además, se exigirá que las empresas y todas las administraciones públicas dispongan de canales internos de denuncia, integrados en un sistema general de integridad institucional.

3. REFUERZO DE LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR LA CORRUPCIÓN

8. La creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los tribunales de instancia, dirigidas por jueces especializados y dotadas de un procedimiento sumario preferente para casos que afecten a cargos públicos.

9. Reforzar la Fiscalía Anticorrupción mediante una dotación adicional de medios y personal, así como aprobar un anteproyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo al Ministerio Fiscal la instrucción penal de dichos casos.

10. Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal, duplicación de los plazos de prescripción y aplicación de multas calculadas sobre los ingresos anuales de las empresas corruptoras.

11. Se implementará un sistema de exclusión y listas negras de empresas condenadas por corrupción, impidiendo que sigan contratando con la Administración, y se endurecerán las sanciones a los partidos políticos por infracciones contables, incluyendo la retirada de subvenciones si mantienen en sus listas a personas condenadas por corrupción.

12. Endurecimiento de las sanciones a los partidos por infracciones contables y retirada de subvenciones a quienes mantengan en sus listas y estructura a condenados por corrupción.

4. RECUPERACIÓN DE LOS BIENES ROBADOS MEDIANTE LA CORRUPCIÓN

13. Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente, optimizando su coordinación con juzgados, fiscalías y también Fiscalía Europea.

14. Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas, sin necesidad de condena penal, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.

5. GENERACIÓN DE UNA VERDADERA CULTURA DE INTEGRIDAD

15. Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), junto al lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en el ámbito de la corrupción.