Alvise incumple la Ley al no entregar las cuentas de SALF de las elecciones europeas y se le deniega la subvención
La agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), liderada por el comunicador Luis 'Alvise' Pérez, no presentó la contabilidad de ingresos y gastos correspondientes a su campaña para las elecciones europeas de junio de 2024, según recoge el informe del Tribunal de Cuentas. El organismo fiscalizador propone, en consecuencia, que no se le abonen las subvenciones públicas a las que tendría derecho por los tres escaños logrados y por los más de 800.000 votos obtenidos.
Conforme al artículo 133 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), las formaciones que logran representación en el Parlamento Europeo están obligadas a presentar una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos y gastos electorales en un plazo de entre 100 y 125 días tras la jornada electoral. Ocho de las nueve candidaturas que obtuvieron representación —entre ellas PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, Junts, ERC y PNV— cumplieron el plazo. Solo SALF incumplió esta obligación.
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN
La ausencia total de documentación contable impide al Tribunal de Cuentas verificar si SALF respetó los límites legales de gasto o si recibió donaciones que incumplen las restricciones establecidas para los partidos políticos. Al no contar con la información exigida, no es posible determinar si la financiación de la formación fue legal o no.
Pese a ello, el Tribunal sí puede actuar en el ámbito de las subvenciones y ha comunicado al Ministerio del Interior que, dada la falta de presentación de cuentas, SALF no debe recibir los fondos públicos que le corresponderían.
En concreto, la agrupación —posteriormente constituida en partido político— tenía derecho a percibir 97.526,22 euros por sus tres escaños y otros 864.000 euros en función de los votos obtenidos, lo que supone un total de más de un millón de euros en subvenciones públicas.
El caso plantea un precedente inusual, ya que es muy poco frecuente que una formación política con representación institucional no presente la documentación contable requerida por la ley electoral. El incumplimiento podría tener consecuencias adicionales si se interpreta como una infracción de la normativa electoral o de financiación de partidos. Hasta el momento, la formación no ha emitido ninguna respuesta oficial al informe del Tribunal de Cuentas.
