Bruselas abre un expediente a España por el control del Gobierno sobre la OPA de BBVA a Sabadell
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por considerar que ciertas disposiciones legales permiten al Ejecutivo intervenir de forma libre en operaciones empresariales, como la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por BBVA sobre Banco Sabadell. Según Bruselas, estas normas podrían ir más allá de lo permitido por el Derecho de la Unión Europea, al no garantizar que dichas intervenciones se limiten estrictamente a motivos de interés general legítimo.
La decisión del organismo comunitario se ha materializado a través del envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español, un paso formal que da inicio al procedimiento sancionador. España dispone ahora de un plazo de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por Bruselas. De no lograrse una solución, la Comisión podría remitir el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Comisión ha identificado en concreto problemas en la transposición al ordenamiento jurídico español de dos normas europeas: la Directiva sobre requisitos de capital (CRD) y la legislación sobre ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Según fuentes comunitarias citadas por varios medios, estas normas otorgan al Ministerio de Economía una capacidad excesivamente amplia para vetar o condicionar operaciones en el sector financiero, lo que podría violar las competencias exclusivas del Banco Central Europeo.
Asimismo, Bruselas también ha expresado inquietudes sobre el uso de la ley de defensa de la competencia, especialmente en lo relativo al papel del Consejo de Ministros en decisiones que, en principio, corresponden a órganos técnicos e independientes como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Un ejemplo que ha generado especial preocupación fue la decisión del Gobierno español de elevar al Consejo de Ministros, el pasado 27 de mayo, la evaluación de la OPA de BBVA sobre Sabadell, una medida que la Comisión considera que podría desbordar el marco del interés público legítimo.
No obstante, las fuentes comunitarias han matizado que la apertura del expediente no tiene un impacto directo en la operación empresarial en curso entre las dos entidades bancarias. El foco del procedimiento se encuentra en la adecuación del marco normativo español a la legislación comunitaria.
Bruselas insiste en que, si existiese un motivo real y justificado de interés general para la intervención del Gobierno en este tipo de fusiones, la normativa europea lo permite. Sin embargo, lo que se cuestiona es que el diseño actual de la legislación española pueda dar lugar a intervenciones no suficientemente justificadas o con fundamentos poco claros, lo que podría afectar a la seguridad jurídica y al funcionamiento del mercado único.
Desde la Comisión se espera que España realice los ajustes necesarios. En particular, se reclama una reforma en las disposiciones relacionadas con el control gubernamental sobre las entidades financieras, para asegurar que cualquier intervención esté plenamente alineada con los principios y exigencias del Derecho de la UE.
Este procedimiento sancionador abre ahora una fase de diálogo entre Bruselas y Madrid. La Comisión ha mostrado disposición a colaborar con las autoridades españolas para resolver las discrepancias legales, pero mantiene abierta la posibilidad de llevar el caso ante el TJUE si no se producen los cambios exigidos.
