Bruselas da un ultimátum a España: tiene que aplicar ya el nuevo pago en peajes
La Comisión Europea ha lanzado una advertencia a España y otros siete países de la Unión Europea por no haber implementado la nueva Directiva de la Euroviñeta, cuya transposición debía estar completada el pasado 25 de marzo de 2024. Esta normativa establece un sistema de tasas que incluye tanto los peajes basados en la distancia recorrida como las viñetas según el tiempo de uso, abarcando turismos, autobuses, autocares y vehículos pesados.
El incumplimiento podría derivar en sanciones si España no responde a esta exigencia en un plazo máximo de dos meses. De no ser así, Bruselas trasladará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
¿QUÉ IMPLICA LA DIRECTIVA DE LA EUROVIÑETA?
La modificación de la Directiva (UE) 2022/362 busca introducir tasas ajustadas a los costes de la infraestructura y a las emisiones de CO2 de cada vehículo. Según Bruselas, este sistema tiene como objetivo fomentar el uso de vehículos más limpios y reducir el impacto medioambiental del transporte.
Además, los ingresos derivados de estos peajes y viñetas servirán para sufragar la construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la UE.
ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES REZAGADOS
Junto con España, otros siete Estados miembros, como Italia, Portugal y Bulgaria, han recibido dictámenes motivados por no haber cumplido con la normativa a tiempo. Estos países tienen ahora un plazo de dos meses para adoptar las medidas necesarias o enfrentarse a posibles sanciones económicas.
La polémica en España respecto a esta reforma no es nueva. El plan de peajes fue incluido como una de las condiciones para acceder a los fondos europeos del Plan de Recuperación. Sin embargo, ha generado un intenso debate social y político, especialmente en sectores como el transporte y el comercio.
MÁS PRESIONES DESDE BRUSELAS: PROFESIONES, PENSIONES Y CONTRATACIÓN
La Comisión Europea no solo ha señalado a España por los peajes. También ha emitido dictámenes motivados en otros ámbitos:
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Reconocimiento de cualificaciones profesionales: España debe trasponer las normas que facilitan el ejercicio temporal de ciertas profesiones en otros Estados miembros. Esto afecta a sectores sensibles, como la salud y la seguridad pública.
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Reglamento de pensiones paneuropeas: Bruselas exige la implementación completa de un sistema de ahorro voluntario para la jubilación.
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Contratación pública: España ya ha sido llevada al TJUE por no adaptar correctamente las directivas sobre transparencia y competencia en los contratos públicos.
LA POLÉMICA DE LOS CHIRINGUITOS: NUEVAS CRÍTICAS DESDE LA UE
Por último, Bruselas ha cuestionado la gestión española en la concesión de permisos para los chiringuitos de playa, señalando que el sistema actual es poco transparente y favorece a los operadores históricos, dificultando la competencia.
Este aspecto, según el Ejecutivo comunitario, vulnera la libertad de establecimiento recogida en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
