Los trabajadores que pidan cambiar de jornada para conciliar podrán ser despedidos por un error legal
La entrada en vigor de la Ley de Paridad este jueves 22 de agosto, aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE el 1 de agosto, traerá consigo un efecto colateral no previsto: las empresas tendrán la posibilidad de despedir de forma improcedente a los trabajadores que soliciten cambios en su jornada laboral para conciliar.
Esto incluye tanto las solicitudes del nuevo permiso de 5 días para cuidar a familiares enfermos o accidentados, como otras peticiones de modificación de jornada por motivos de conciliación.
Hasta ahora, desde la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023, estas solicitudes actuaban como una especie de "blindaje" para los empleados, ya que su despido era considerado nulo y, en caso de producirse, los tribunales solían dictaminar la readmisión y una indemnización por daños y perjuicios. Esta protección generó un aumento en las solicitudes, motivadas tanto por la necesidad de mejorar la calidad de vida como por el deseo de asegurar el puesto de trabajo.
Sin embargo, debido a una omisión en la redacción de la nueva Ley de Paridad, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, estos despidos ya no se considerarán nulos, sino improcedentes. Esto significa que el despido será legal y únicamente dará derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
La ministra Redondo calificó la situación de "error lamentable" y aseguró que el problema será corregido en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria. Mientras tanto, existe una gran inseguridad jurídica, ya que tanto empresas como trabajadores desconocen las consecuencias legales exactas de tomar decisiones en este contexto. Tal y como recoge El Mundo, los despachos de abogados consultados recomiendan a sus clientes que sigan interpretando que el despido podría ser nulo, ya que ese es el espíritu que quiere mantener la norma.
La Ley de Paridad, aprobada inicialmente en marzo de 2023 bajo el Ministerio de Economía dirigido por Nadia Calviño, busca garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en el sector público y privado. Obliga a las grandes empresas y a la Administración Pública a contar con al menos un 40% de mujeres en sus órganos de dirección, permitiendo que la representación femenina pueda superar el 60% e incluso alcanzar el 100%.
La ley establece plazos para su implementación en distintas entidades, incluyendo empresas cotizadas, sindicatos, asociaciones empresariales, Colegios Profesionales y entidades de interés público. Además, incorpora medidas para proteger a investigadoras que puedan verse penalizadas en su carrera debido a períodos de embarazo o cuidado de hijos.
