Las CCAA del PP se oponen a que Cataluña y País Vasco no reciban menores inmigrantes por el acuerdo con Sánchez
El reciente acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Canarias para el reparto de menores migrantes no acompañados ha generado una fuerte controversia entre varias comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular (PP). La posibilidad de que Cataluña y el País Vasco queden fuera del reparto ha desatado críticas que apuntan a un trato desigual y a una posible vulneración del principio de igualdad consagrado en la Constitución española.
El acuerdo, que establece los criterios para la distribución de 4.400 menores migrantes (4.000 procedentes de Canarias y 400 de Ceuta), ha sido calificado de "injusto" y "discriminatorio" por varios líderes autonómicos del PP. Los criterios, según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se basan en factores como la población, la renta per cápita, el paro, el "esfuerzo previo" de cada comunidad y la dispersión geográfica.
El consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido que "no se utilice a los menores migrantes como moneda de cambio para intereses políticos", mientras que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, acusó al Ejecutivo de "tratar a los inmigrantes como mercancía" para mantener apoyos en La Moncloa.
Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha denunciado el "oscurantismo" del Gobierno, afirmando que "es muy difícil opinar sobre un acuerdo que ni siquiera conocemos". En la misma línea, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz, se ha mostrado "rotundamente en contra" de un reparto "impuesto sin consenso".
POSICIONES DIVERGENTES Y RESPUESTA DEL GOBIERNO
El Ejecutivo central, por su parte, ha insistido en que "no hay ninguna exclusión" de territorios y que todas las comunidades participarán en el reparto. Así lo ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha subrayado que "dejar fuera a Cataluña o al País Vasco sería negar la posibilidad de una solución".
Desde el País Vasco, la consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, ha defendido que los criterios se basan en "razones académicas, no políticas", y ha asegurado que el reparto es "justo y equitativo". Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha negado la existencia de acuerdos previos con partidos independentistas como el PNV o Junts, recalcando que "solo se han definido criterios técnicos para la distribución".
El debate continuará en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se espera que se aclaren los detalles del reparto y se garantice una financiación suficiente para las comunidades implicadas.
