La Fiscalía Anticorrupción pide prisión sin fianza para José Luis Ábalos: cree que hay riesgo de fuga
La Fiscalía Anticorrupción ha dado este jueves un golpe de máximo impacto en el llamado caso Koldo. El Ministerio Público ha solicitado al instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, que decrete prisión provisional para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, con un horizonte penal que podría alcanzar hasta los 30 años de cárcel según las acusaciones populares.
Anticorrupción endurece su posición
Hasta ahora, la Fiscalía había evitado pedir el ingreso en prisión del exministro, que estaba sometido a medidas cautelares menos gravosas: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
Ese escenario cambia por completo tras el escrito presentado por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que reclama al Supremo que Ábalos sea enviado a prisión provisional y, además, sin posibilidad de eludirla mediante fianza. A la petición de la Fiscalía se han sumado las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, que también reclaman esta medida máxima.
Si el magistrado accede, Ábalos se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión provisional en el marco de un caso de corrupción ligado a la pandemia.
Ábalos alega vulneración de su representación política
El exministro ha llegado al Tribunal Supremo poco después de las 9.00 horas, con una mochila al hombro y rodeado de una fuerte expectación mediática. Durante la vistilla celebrada para revisar sus medidas cautelares, Ábalos tomó la palabra brevemente para asegurar al magistrado que no existe riesgo de fuga y que siempre se ha puesto a disposición de la Justicia.
Su defensa ha ido más allá: ha argumentado que enviarle a prisión antes de que exista una sentencia supondría una vulneración de su derecho a la representación política, dado que mantiene su acta de diputado en el Congreso.
De las mascarillas al banquillo
El giro de Anticorrupción llega pocas semanas después de que el propio juez Puente propusiera sentar en el banquillo a José Luis Ábalos, a su exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto “conseguidor” de la trama.
La investigación se centra en los contratos adjudicados durante la pandemia para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, presuntamente a cambio del cobro de comisiones ilegales. Se investigan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, entre otros.
La Fiscalía pide para Ábalos 24 años de prisión y una multa cercana a los 3,9 millones de euros; para Koldo García reclama 19 años y medio. Las acusaciones populares elevan la apuesta y solicitan hasta 30 años de cárcel para ambos, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial.
En paralelo, tanto Fiscalía como acusaciones solicitan 7 años de prisión para Víctor de Aldama, a quien se le aplica una atenuante por su confesión, clave para tirar del hilo de la presunta trama y conectar estos contratos de mascarillas con otras adjudicaciones de obra pública bajo sospecha.
Una decisión con fuerte carga política
La última palabra la tiene ahora el magistrado Leopoldo Puente, que deberá valorar si el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva justifica el ingreso en prisión del exministro antes del juicio. Hasta ahora, el juez había seguido una línea prudente, alineada con la Fiscalía, apostando por medidas menos intrusivas.
La decisión no será solo jurídica: tendrá una fuerte lectura política. El encarcelamiento preventivo de quien fuera uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, por un caso ligado a los contratos de emergencia de la pandemia, aumentaría aún más la presión sobre el PSOE y sobre el propio Gobierno, ya sacudido por derivadas del caso Koldo y por las investigaciones abiertas sobre la financiación del partido.
Mientras tanto, Ábalos insiste en su inocencia y se agarra a su escaño como último escudo institucional frente a una causa que, cada día que pasa, le arrincona un poco más.
