El Gobierno de Sánchez adjudicó 46 contratos a empresas de Israel tras el ataque de Hamás
Desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás a territorio israelí, el Gobierno español ha concedido un total de 46 contratos a compañías del sector militar israelí. El valor conjunto de estos contratos asciende a 1.044 millones de euros, según consta en un informe elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Diez de estas adjudicaciones, según la última revisión en la Plataforma de Contratación del Estado realizada el 24 de abril de 2025, aún no han sido formalizadas.
El informe, que detalla las relaciones comerciales entre España e Israel en materia de defensa desde el inicio del actual conflicto, incluye información específica sobre cada contrato. Se precisan aspectos como la cuantía, la fecha de adjudicación y, en los casos que corresponda, la fecha de formalización.
Entre los contratos todavía pendientes de formalización figuran adquisiciones relevantes como los lanzacohetes SILAM, por un importe de 576,4 millones de euros, y los misiles Spike, valorados en 237,5 millones. También se incluyen acuerdos con empresas del sector como IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.
El Centre Delàs subraya que estas adjudicaciones se han producido a pesar de que desde el Gobierno se han transmitido mensajes, tanto en el ámbito parlamentario como en declaraciones públicas, que indicaban la paralización de este tipo de operaciones.
El documento también distingue entre contratos destinados al mantenimiento o modernización de material previamente adquirido, y otros que representan nuevos compromisos. Según el centro de estudios, estos nuevos acuerdos podrían implicar un incremento en la dependencia tecnológica y logística respecto a proveedores israelíes.
Desde Moncloa se sostiene que actualmente los contratos para la compra de armamento a empresas israelíes están suspendidos. Sin embargo, el Centre Delàs advierte de que muchas de estas adjudicaciones podrían estar beneficiando de forma directa a la industria militar española, lo que, a su juicio, refuerza la colaboración entre ambas partes.
El informe propone la cancelación inmediata de los contratos formalizados o en fase de ejecución que, según su análisis, puedan estar contribuyendo directa o indirectamente a operaciones militares israelíes en Gaza y Cisjordania. Consideran que dichas acciones podrían suponer una violación del derecho internacional humanitario.
Además, se menciona un caso específico en el que el Ministerio del Interior anunció la revocación de un contrato de compra de munición israelí destinado a la Guardia Civil. Según el Centre Delàs, no se llegó a iniciar ningún procedimiento formal de revocación, limitándose el Ministerio a estudiar la viabilidad de dicha medida.
Finalmente, el informe concluye que, de haberse impuesto un embargo completo a las exportaciones e importaciones de material militar con Israel, incluyendo la prohibición de contratar con sus empresas o filiales, estos contratos no se habrían materializado. Asimismo, sugiere que el Gobierno tiene herramientas legales, como la aprobación de un decreto ley, para implementar estas restricciones en el marco de una decisión política clara.
