El Gobierno inicia este lunes el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados desde Canarias
La primera derivación, prevista para el 11 de agosto, incluirá a ocho menores y se repetirá semanalmente con prioridad para recursos pequeños y perfiles vulnerables.
El Gobierno comenzará este lunes, 11 de agosto, los traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias hacia la Península, en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo y tras semanas de reuniones entre el Ejecutivo central y el Gobierno canario. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmaron que este primer desplazamiento marcará el inicio de un proceso que se desarrollará de manera semanal.
La decisión llega después de varios días de incertidumbre. El Gobierno de Canarias había reclamado más detalles sobre la primera derivación, que en un principio se había previsto para ocho menores, pero cuya orden definitiva fijó que serían diez. Además, la Consejería de Bienestar Social exigía precisar quiénes serían los acompañantes y la fecha exacta, que finalmente se ha cerrado para el lunes 11 de agosto.
Según explican fuentes de la administración autonómica, estos menores solicitantes de asilo presentan perfiles altamente vulnerables, en muchos casos adolescentes y niñas que huyen de conflictos armados. Aproximadamente el 90% procede de Malí, país inmerso en una grave crisis humanitaria y política. El objetivo del traslado es ofrecerles una atención más personalizada y en recursos de menor tamaño, distribuidos por todo el territorio peninsular.
El procedimiento incluye una valoración individualizada de cada menor, llevada a cabo en Canarias por la entidad colaboradora Engloba. Este trámite, considerado “clave” por las autoridades, garantiza que se atiendan las necesidades específicas de cada niño o adolescente antes de definir su destino final. La evaluación se realiza junto al Ministerio Fiscal, con el fin de proteger el interés superior del menor en cada fase del proceso.
Una vez completados los expedientes, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias seleccionan los perfiles en función de las características y recursos disponibles en los centros de acogida de la Península. En julio, el Ejecutivo ya presentó un calendario para organizar estos traslados, que se suman a los 141 menores desplazados en semanas anteriores desde el archipiélago a centros especializados.
El plan cuenta con financiación estatal. El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones de euros para habilitar 1.200 plazas en la Península, de las cuales 750 dependen directamente del Ministerio de Migraciones. Estas plazas están siendo concretadas con entidades colaboradoras para su disponibilidad inmediata.
Desde el Gobierno central insisten en que el proceso se desarrollará “priorizando siempre la integridad, el bienestar y el interés superior” de los menores. Está previsto que, tras esta primera salida, se realicen dos derivaciones semanales de entre 15 y 20 niños, salvo excepciones puntuales.
No obstante, el asunto ha generado debate político. El Partido Popular ha advertido que estará “muy vigilante” con el desarrollo de los traslados. Su secretario general, Miguel Tellado, criticó la “falta de información” del Ejecutivo central y señaló que el auto del Supremo se dicta en marzo, por lo que considera que el Gobierno actúa con retraso. “Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero alejado de la realidad”, afirmó.
El origen de este procedimiento se remonta a la sentencia del Tribunal Supremo, que en marzo ordenó al Estado hacerse cargo, con sus propios medios, de más de un millar de menores solicitantes de asilo que permanecen en Canarias. La sobrecarga en los recursos insulares, agravada en los últimos años por la presión migratoria, llevó a que se declarara la necesidad urgente de derivarlos a centros en la Península.
Actualmente, Canarias concentra un alto número de menores migrantes no acompañados, debido a su posición estratégica como primera puerta de entrada a Europa por la ruta atlántica. Los flujos migratorios, marcados por la llegada de pateras y cayucos, se han intensificado desde 2020, provocando un incremento sostenido en la demanda de plazas de acogida.
El traslado de este lunes supondrá, por tanto, un primer paso en un operativo de gran envergadura, que implica coordinación logística, personal especializado, recursos sanitarios y apoyo psicológico. Las administraciones insisten en que cada movimiento será planificado con precisión para evitar riesgos y garantizar que los menores reciban la atención adecuada desde su llegada a los nuevos centros.
Con este dispositivo, el Gobierno busca no solo cumplir con el mandato judicial, sino dar respuesta a una crisis humanitaria compleja que afecta especialmente a menores vulnerables. La intención es que este modelo de redistribución sea un precedente para situaciones similares en el futuro, siempre bajo la premisa de proteger los derechos y la dignidad de los niños y adolescentes implicados.
