La IA de Sánchez y las dudas del PP: ¿habrá control ideológico?

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que la Inteligencia Artificial ALIA, desarrollada por el Gobierno, se someta a auditorías externas que garanticen su neutralidad y transparencia. Los populares temen que esta herramienta, impulsada con fondos públicos, pueda ser utilizada como un instrumento de control ideológico y exigen mayor supervisión sobre su funcionamiento.

La iniciativa será debatida en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso. Desde el PP recuerdan que fue el propio Pedro Sánchez quien anunció el lanzamiento de ALIA el pasado 20 de enero, en el marco de la estrategia de Inteligencia Artificial 2024, con un presupuesto global de 150 millones de euros. Presentada como un asistente virtual para mejorar el acceso a información gubernamental, la herramienta ha generado dudas y críticas por su eficacia y fiabilidad.

CRÍTICAS POR ERRORES Y FALTA DE TRANSPARENCIA 

El PP ha recogido en su propuesta las inquietudes de algunos expertos que han señalado que ALIA presenta fallos gramaticales, confusiones en tareas básicas y problemas en programación, especialmente en Python. Estas deficiencias, unidas al alto coste del proyecto, han despertado preocupación sobre la eficiencia de los fondos públicos destinados a su desarrollo.

Además, los populares reclaman que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) juegue un papel clave en la evaluación de la calidad y neutralidad de ALIA. Según su postura, es imprescindible establecer mecanismos de supervisión rigurosos para evitar que esta tecnología refuerce sesgos ideológicos o desinforme a los ciudadanos.

Otro de los puntos conflictivos es la propiedad intelectual de los datos utilizados para entrenar la IA y la posible responsabilidad penal en caso de que ALIA se use con fines comerciales o genere respuestas erróneas. El PP denuncia que el Gobierno no ha sido transparente en estos aspectos, lo que aumenta la incertidumbre sobre su implementación.

UNA IA SIN SUPERVISIÓN CLARA 

El PP advierte de que el uso de la IA en la Administración Pública debe regirse por transparencia, objetividad y pluralidad. Sin embargo, según denuncian, en otras ocasiones las herramientas digitales promovidas por el Ejecutivo han servido más como instrumentos de propaganda que como soluciones tecnológicas neutrales.

En este sentido, recuerdan que tanto el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) exigen mecanismos de supervisión en este tipo de herramientas. A pesar de ello, el Gobierno no ha explicado cómo aplicará estos principios a ALIA ni ha detallado qué medidas tomará para evitar sesgos en su funcionamiento.

Ante esta situación, el PP insta al Congreso a exigir al Ejecutivo que publique los expedientes administrativos relacionados con la creación, financiación, desarrollo y despliegue de ALIA. También piden que se aclaren los criterios de propiedad intelectual y la posible responsabilidad legal derivada de su uso.

EL GOBIERNO DEFIENDE SU ESTRATEGIA 

En respuesta a preguntas parlamentarias del PP, el Ejecutivo ha asegurado que ALIA se ha desarrollado con datos anonimizados y en cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual. También ha subrayado que su objetivo es impulsar modelos de IA abiertos y adaptados a la realidad lingüística española, con aplicaciones en diversos sectores.

El Gobierno ha reiterado que los 150 millones de euros movilizados forman parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2024, por lo que no se han destinado exclusivamente a ALIA. No obstante, desde el PP siguen exigiendo que se garantice la supervisión de esta tecnología para evitar que pueda ser utilizada con fines partidistas o que su desarrollo carezca de la transparencia necesaria.