¿Por qué está imputado el hermano del expresidente valenciano Ximo Puig?
La Audiencia Provincial de Valencia será la encargada de juzgar a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y al empresario Juan Enrique Adell Bover, tras haberse decretado la apertura de juicio oral por presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones públicas de los gobiernos autonómicos valenciano y catalán. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, según consta en el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) este martes.
La resolución judicial establece que existen indicios suficientes para que ambos acusados se sienten en el banquillo por supuestos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada, además de apropiación indebida. Los hechos investigados se remontan a los años 2015 a 2018 y están relacionados con el cobro de subvenciones destinadas a fomentar el uso del valenciano en medios de comunicación.
En el auto de apertura de juicio oral, el juez impone a Francis Puig una fianza de 147.589,29 euros, mientras que a Juan Enrique Adell Bover le exige 99.614,33 euros. Estas cantidades tienen como objetivo asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso. Asimismo, se señala que las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL, vinculadas a los acusados, asumirán la condición de responsables civiles subsidiarios.
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD
El Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat Valenciana, personada en el procedimiento como acusación, consideran que los hechos atribuidos a los empresarios constituyen un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Según se detalla, las conductas investigadas estarían relacionadas con la presentación de documentación supuestamente falsa para justificar gastos subvencionables, con el objetivo de acceder a fondos públicos autonómicos.
El magistrado instructor determina que, a la vista de las pruebas reunidas durante la fase de instrucción, procede continuar el procedimiento judicial en la vía penal ordinaria, ya que existen indicios de la comisión de delitos que deben ser enjuiciados. Además, establece que la competencia para celebrar el juicio y dictar sentencia corresponde a la Audiencia Provincial de Valencia.
Uno de los aspectos relevantes de la resolución es que el juez excluye el delito de fraude de subvenciones de los hechos que se someterán a juicio. Esta decisión se fundamenta en la legislación vigente en el momento en el que ocurrieron los hechos, anterior a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2019. Dicha norma modificó los umbrales económicos que determinan cuándo una defraudación de subvenciones constituye delito. Como en este caso las cantidades supuestamente defraudadas no superaban los 120.000 euros establecidos entonces, el juez aplica la normativa más favorable a los acusados.
El auto notificado este martes a las partes no admite recurso, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados. En cambio, el auto anterior de incoación de procedimiento abreviado sí puede ser recurrido, y de hecho existen recursos pendientes de resolución.
SUBVENCIONES PARA PROMOVER EL USO DEL VALENCIANO
La causa judicial se centra en la gestión de subvenciones destinadas a promover el uso del valenciano en medios de comunicación. Durante los años investigados, las empresas vinculadas a Francis Puig operaban en la comarca castellonense de Els Ports. Según la acusación, a través de estas sociedades se habrían presentado facturas o documentos contables presuntamente falsos para justificar actividades subvencionadas, lo que habría permitido obtener fondos públicos de forma indebida tanto de la Generalitat Valenciana como de la catalana.
Francis Puig es hermano del expresident Ximo Puig, quien estuvo al frente del Consell durante el periodo en el que se produjeron los hechos investigados. Sin embargo, el expresidente no figura como investigado en esta causa. El procedimiento penal se dirige exclusivamente contra Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover como responsables de las empresas implicadas.
Con la apertura del juicio oral, el caso pasa ahora a una nueva fase en la que se celebrará la vista ante la Audiencia Provincial. Será en ese momento cuando se presenten las pruebas y testimonios, y cuando la sala determine si los acusados son culpables o no de los delitos que se les imputan.
