El informe del lobo enfrenta al Gobierno y las CC.AA. en plena cuenta atrás ante Bruselas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado una Conferencia Sectorial de Medioambiente para el próximo 18 de julio, en la que se abordará la aprobación de los informes sexenales que España debe remitir a Bruselas antes de final de mes. Entre ellos figura el informe del estado de conservación del lobo, que ha generado una tensa disputa institucional entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular.

Aunque el censo del lobo se iba a analizar en una anterior reunión de la Comisión Sectorial de Medioambiente a finales de junio, la falta de información previa provocó la protesta formal de varias autonomías, que pidieron una nueva cita. Desde Transición Ecológica aseguran que el informe sí fue remitido a las comunidades el 26 de junio, un día antes de dicha comisión, y niegan que haya existido opacidad en el proceso.

Según los datos adelantados por el Ministerio, el censo estima 333 manadas de lobo en España, lo que representa un 12% más que el anterior registro, con una población de entre 1.600 y 1.700 ejemplares. Aun así, el Gobierno considera que la especie mantiene un estado de conservación “desfavorable”, lo que impediría la reanudación de los controles letales, amparándose en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No obstante, varias comunidades autónomas rechazan estas cifras, alegando que no se corresponden con sus estudios técnicos. Han acusado al Ministerio de "deslealtad institucional" por presentar un informe que no ha sido aprobado por el órgano competente —la Conferencia Sectorial— y cuya existencia, aseguran, desconocían hasta su filtración.

La disputa alcanzó su punto álgido en la Comisión Sectorial de junio, donde el tono bronco y los enfrentamientos motivaron incluso la petición de cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte de varios gobiernos autonómicos del PP. La ministra Sara Aagesen ha respondido a estas acusaciones por carta, reiterando que su departamento "actúa siempre con buena fe" y que espera que la reunión del día 18 se desarrolle en un clima de diálogo y cooperación.

En paralelo, el debate ha adquirido una nueva dimensión jurídica tras conocerse que el Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, al considerar que permitirían reanudar la caza del lobo, vulnerando así el marco de protección establecido.

El desenlace de esta nueva confrontación política y técnica se resolverá en pocos días. Si no hay acuerdo entre las autonomías, el Gobierno central prevé remitir igualmente el informe a Bruselas, aunque indicando en el documento qué comunidades no lo han aprobado, una opción que amenaza con fracturar aún más la gestión conjunta de la biodiversidad en España.