Jueces y fiscales se plantan: huelga de tres días en julio contra las reformas del Gobierno
Las principales asociaciones denuncian un intento del Gobierno de debilitar el Poder Judicial con reformas que, aseguran, amenazan la independencia, el mérito y la igualdad en el acceso a la carrera judicial y fiscal.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las de corte progresista, han anunciado una huelga de tres días en el mes de julio como medida de presión contra las reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Los cambios legislativos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como la modificación del papel de la Fiscalía en el proceso penal, han encendido todas las alarmas en el sector judicial.
Las asociaciones convocantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han acordado una huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Antes de eso, el sábado 28 de junio, han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo, punto que califican de "profundamente simbólico".
La protesta no se plantea como un ataque a los poderes del Estado, sino como una defensa firme de la independencia judicial y del papel del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales. Las asociaciones recalcan que el lugar elegido, el Supremo, representa el destino final de quienes superan las duras oposiciones de acceso a ambas carreras: "Un escenario cargado de significado institucional y cívico".
La movilización surge tras una consulta interna en la que más del 80% de los encuestados apoyaron la convocatoria de huelga si no se retiraban los proyectos legislativos. El primer paso fue un paro simbólico de diez minutos celebrado el pasado 11 de junio en todas las sedes judiciales del país.
Además, las asociaciones han iniciado una agenda institucional que contempla reuniones con el PSOE, el PP y Vox, así como contactos con instituciones europeas. El objetivo: alertar sobre lo que consideran un riesgo real para el Estado de Derecho. De hecho, ya han solicitado a la Unión Europea que ejerza un control riguroso y preventivo, conforme al artículo 19 del Tratado de la UE, sobre la tramitación de estos cambios legales.
Sobre la continuidad de la huelga, las asociaciones señalan que, una vez transcurridos los tres días previstos, valorarán de forma conjunta si mantienen o intensifican las protestas, según la evolución de la tramitación parlamentaria y la respuesta institucional. Buscan, dicen, una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida.
El trasfondo del conflicto son dos proyectos clave: la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal —que ya ha superado su primer trámite parlamentario— y la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio, las asociaciones advirtieron que la independencia judicial “está bajo amenaza” y que las reformas en marcha están encaminadas a debilitar el Poder Judicial, haciéndolo más susceptible a las presiones políticas y mediáticas.
Entre las críticas más severas, alertan del riesgo de que se implanten métodos de selección ideologizados, al crear un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno, y de que se rebaje la excelencia en el acceso a las carreras togadas, eliminando contenido clave e introduciendo pruebas subjetivas.
También denuncian que se recurra falsamente a Europa como justificación para aprobar medidas que convertirían en jueces y fiscales a 1.300 interinos sin pasar por las pruebas oficiales, lo que supondría una violación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
