La Justicia apunta a "fraude de ley" el aforamiento repentino del extremeño Gallardo (PSOE)
La magistrada Beatriz Biedma eleva el caso al TSJ de Extremadura al detectar un posible uso fraudulento del aforamiento por parte del diputado socialista Miguel Ángel Gallardo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para que este decida si debe asumir la causa abierta contra el diputado autonómico Miguel Ángel Gallardo, ante los indicios de un posible uso fraudulento del aforamiento parlamentario.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza considera que la entrada de Gallardo en la Asamblea de Extremadura responde a un “plan previamente concebido”, cuyo único objetivo habría sido garantizarle la condición de aforado un día antes de que se dictara el auto de apertura de juicio oral.
Según detalla Biedma, cinco personas renunciaron de forma exprés y simultánea a sus puestos en la lista electoral del PSOE, permitiendo así que Gallardo accediese al Parlamento regional. El 19 de mayo, un notario se desplazó a la sede del partido en Mérida para formalizar dichas renuncias, y el 21 de mayo la Junta Electoral expedía la credencial que convertía a Gallardo en diputado.
La magistrada subraya que no es el momento del aforamiento lo relevante, sino la finalidad buscada, y recuerda que las prerrogativas derivadas del cargo público no están pensadas para proteger intereses personales, sino para blindar el ejercicio institucional de la función política. En este sentido, cita el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a los jueces a rechazar cualquier actuación procesal que suponga un “manifiesto abuso de derecho” o “fraude de ley”.
Para Biedma, la maniobra no solo tendría una motivación ilegítima, sino que podría suponer un uso instrumental de las instituciones democráticas en beneficio personal o de terceros. Además, advierte que este cambio de fuero podría generar dilaciones indebidas en la causa, al tener que elevarla a un órgano superior, lo que atentaría contra el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley.
El caso de Gallardo se enmarca en una investigación aún no detallada públicamente, pero que, según la jueza, presenta un “patrón de comportamiento” consistente en utilizar mecanismos legalmente válidos con fines ilegítimos. En este contexto, la magistrada considera que la actuación del diputado extremeño representa “una muestra más” de dicho patrón.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien deberá decidir si acepta la competencia para instruir el caso, dado el nuevo estatus de aforado del dirigente socialista. La decisión podría sentar un precedente relevante sobre los límites del aforamiento parlamentario en España y su uso en contextos judiciales abiertos.
