Nuevo giro en el alquiler: rebajas a los caseros y freno al alquiler por habitaciones

El Gobierno prepara un paquete de medidas con incentivos fiscales para los propietarios que congelen las rentas y nuevas restricciones al alquiler de temporada y por habitaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). ./ Alberto Ortega - Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). ./ Alberto Ortega - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para intervenir en el mercado del alquiler, centrado en incentivos fiscales para propietarios y en una regulación más estricta del alquiler de temporada y por habitaciones, con el objetivo de frenar prácticas que el Ejecutivo considera abusivas y facilitar el acceso a la vivienda.

Las medidas fueron avanzadas durante un acto celebrado en Madrid con motivo del inicio de las obras del futuro barrio de Campamento, un desarrollo residencial que prevé la construcción de más de 10.000 viviendas asequibles. El Gobierno pretende articular este paquete normativo a través de un real decreto ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Incentivos fiscales para contener las subidas del alquiler

El principal eje de la propuesta es una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que no incrementen el precio del alquiler al renovar los contratos. El Ejecutivo defiende esta medida como una fórmula para compensar a los caseros que mantengan las rentas y evitar subidas bruscas en un contexto marcado por la finalización de contratos firmados durante los años de contención de precios.

El Gobierno sostiene que esta bonificación busca un equilibrio entre la protección de los inquilinos y la implicación de los propietarios en la estabilización del mercado, en un momento en el que el vencimiento masivo de contratos podría traducirse en aumentos significativos de las rentas.

Control del alquiler de temporada

El segundo bloque de medidas se centra en el alquiler de temporada, una modalidad que el Ejecutivo considera que se está utilizando de forma fraudulenta para eludir la normativa del alquiler residencial. El decreto prevé definir con mayor precisión las condiciones que deben cumplir estos contratos para ser considerados temporales y establecer sanciones cuando se empleen como sustituto encubierto del alquiler habitual.

El objetivo es evitar que este tipo de contratos reduzcan la oferta de vivienda permanente en zonas con alta demanda y contribuyan a encarecer los precios del alquiler convencional.

Límites al alquiler por habitaciones

El Gobierno también plantea limitaciones al alquiler por habitaciones, una práctica que, según el Ejecutivo, se ha extendido en determinados entornos urbanos como vía para maximizar ingresos. La intención es aplicar a estos contratos criterios similares a los del alquiler de vivienda completa, reforzando la protección de los inquilinos y evitando situaciones de abuso.

Estas medidas buscan frenar el encarecimiento de la vivienda para colectivos con menor capacidad económica, especialmente jóvenes y personas con rentas más bajas, que recurren con mayor frecuencia a este tipo de alquiler.

Reacciones políticas

El anuncio ha generado reacciones dispares en el ámbito político. Desde sectores de la izquierda, algunas formaciones han criticado las bonificaciones fiscales a los propietarios, al considerar que no abordan de forma suficiente la raíz del problema del acceso a la vivienda. Otros actores políticos y sociales, en cambio, valoran el intento de combinar incentivos y regulación para intervenir en un mercado especialmente tensionado.

Una estrategia más amplia en vivienda

Estas iniciativas se enmarcan en la política de vivienda del Gobierno, que incluye la promoción de vivienda pública, la regulación de los mercados tensionados y el refuerzo de los derechos de los inquilinos. Con este nuevo paquete, el Ejecutivo pretende consolidar un modelo que combine contención de precios, control de prácticas irregulares y estímulos fiscales, en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler en gran parte del país.

El real decreto ley supondrá un nuevo paso en la intervención estatal en el mercado de la vivienda, uno de los principales focos de preocupación social y política en España.

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