La ONU pide frenar las leyes de ‘concordia’ de PP y Vox que anularon la memoria democrática del PSOE

Tres relatores de Naciones Unidas han revisado las nuevas normas impulsadas por gobiernos de la derecha en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Naciones Unidas ya se ha manifestado a la llamada de amparo que el Gobierno español hizo por la derogación de las leyes de la memoria histórica y democrática. Y la respuesta del organismo internacional no puede ser más clara: pide a España frenar las conocidas como leyes de "concordia", que PP y Vox sacaron adelante para sustituir a las citadas.

Hace unos días, el diario El País publicaba una información sobre la petición expresa de la ONU de que se tomaran todas las medidas necesarias "para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos".

En concreto, esta recomendación está firmada por tres relatores (personas que trabajan en nombre de Naciones Unidas). Uno de ellos es Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Otro es Fabian Salvioli, homónimo en el cargo sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por último, suscribe la petición Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.

Estos expertos se han encargado de revisar las nuevas leyes impulsadas por gobiernos de la derecha en Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. "Las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos", ya que, señalan, "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia".

Así, para Naciones Unidas, esta iniciativa de PP y Vox "puede limitar el acceso a la verdad sobre el paradero de las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura franquista; "obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos” en la materia y “pueden invisibilizar", advierten, "las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista".

ALENTAR EL NEGACIONISMO SOBRE LA DICTADURA

En su petición, la ONU habla también de que estas leyes de la concordia evitan u omiten nombrar o condenar el régimen franquista . "Las nuevas normas ayudan a alentar teorías revisionistas o negacionistas sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista en España", señalan.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, el organismo internacional destaca que se iguala a las víctimas de la II República, cuyo gobierno fue elegido democráticamente, con el terrorismo de ETA o el islámico. Así, indican, se "desvirtúa" el objetivo de las leyes de memoria de "atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil", que no habían sido reparadas.

Tras analizar las nuevas leyes, la ONU recuerda al ejecutivo español que tiene que cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), por lo que debe actuar para que no se den los pasos contemplados por PP y Vox.

Por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que, dada su gravedad, esta cuestión se elevará al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.