Puigdemont, más cerca de volver: Fiscalía y Abogacía ven ilegal dejarle fuera de la amnistía
Ambos organismos consideran que el Tribunal Supremo interpretó de forma “irrazonable” la ley de amnistía al excluir el delito de malversación, lo que podría abrir la puerta al regreso del expresident si el Constitucional les da la razón.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han unido criterio en el caso de Carles Puigdemont y han solicitado al Tribunal Constitucional que estime su recurso de amparo y obligue al Tribunal Supremo a aplicarle la ley de amnistía. La posición conjunta de ambos organismos supone un movimiento jurídico de gran impacto político y judicial, ya que, si prospera, podría allanar el camino para el regreso del expresident a España sin riesgo de detención.
Los escritos presentados consideran que el Supremo interpretó de forma incorrecta la ley al dejar fuera de la amnistía el delito de malversación atribuido a Puigdemont. En concreto, cuestionan el razonamiento del magistrado Pablo Llarena, que entendió que la malversación queda excluida cuando existe un beneficio patrimonial, incluso aunque no implique enriquecimiento personal directo.
Críticas duras al Supremo por la interpretación de la amnistía
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que esa interpretación no está suficientemente motivada y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución.
Según los escritos, el propósito de la ley de amnistía es precisamente cubrir supuestos como el del expresident cuando concurren los requisitos establecidos en la norma. Desde esta perspectiva, consideran que el Supremo ha ido más allá del margen interpretativo permitido en el sistema constitucional.
La Abogacía del Estado llega a calificar el caso como una “interpretación no motivada e irrazonable” de la ley, lo que, a su juicio, justifica la intervención del Tribunal Constitucional.
La clave: la malversación y el concepto de beneficio patrimonial
El núcleo del debate jurídico está en la interpretación del delito de malversación. El Supremo sostuvo que no solo existe cuando hay enriquecimiento personal directo, sino también cuando hay cualquier beneficio patrimonial derivado de la actuación.
Fiscalía y Abogacía del Estado rechazan esa interpretación expansiva y defienden que la ley de amnistía pretendía cubrir el delito en los términos que afectan al caso del líder de Junts. Este choque jurídico será ahora el eje de la decisión del Constitucional.
El papel del Constitucional y la espera al TJUE
La resolución definitiva todavía no es inmediata. El Tribunal Constitucional prevé pronunciarse una vez se conozca la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la ley de amnistía.
La previsión es que el tribunal europeo se pronuncie entre finales de este mes y marzo. Después llegará el fallo del Constitucional, que será determinante para el futuro judicial y político de Puigdemont.
Si el Constitucional estima el recurso, la aplicación concreta volvería al Supremo, aunque el respaldo del alto tribunal de garantías supondría un giro jurídico de gran calado.
Un regreso cada vez más plausible
El posicionamiento de Fiscalía y Abogacía del Estado aumenta las opciones de que el Constitucional ampare al expresident. En ese escenario, se reduciría el riesgo de detención en caso de regreso a España.
No obstante, Puigdemont ya intentó acelerar ese proceso solicitando la suspensión cautelar de la orden de detención, una petición que el Constitucional rechazó. El tribunal consideró entonces que pronunciarse de forma anticipada podría condicionar el fallo final y suponer una interferencia en el trabajo del Supremo.
Un caso con impacto político y judicial
Más allá del caso individual, la decisión final tendrá consecuencias políticas y jurídicas relevantes. No solo marcará el alcance real de la ley de amnistía, sino también los límites entre tribunales en su interpretación.
El criterio conjunto de Fiscalía y Abogacía del Estado introduce un nuevo equilibrio en el debate judicial. Ahora, la última palabra la tendrá el Constitucional, con la mirada puesta también en Europa.
Si el alto tribunal avala la amnistía, el escenario político podría cambiar de forma sustancial, con el posible regreso a España de uno de los protagonistas clave del conflicto político catalán de la última década.
