Sánchez no cumple en su totalidad ninguna de las peticiones contra la corrupción del Greco
España no ha cumplido íntegramente ninguna de las 19 recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), un organismo dependiente del Consejo de Europa, en su informe de 2019. Así lo refleja la última evaluación de seguimiento, publicada esta semana, en la que el organismo internacional advierte de que no se han producido avances sustanciales en el refuerzo de la transparencia, la rendición de cuentas ni en la prevención de la corrupción en altos cargos del Gobierno central.
A juicio del GRECO, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado sin implementar por completo tres de las recomendaciones y ha cumplido solo parcialmente las 16 restantes. El informe expresa una “clara decepción” por la “ausencia de resultados tangibles”, y pone especial énfasis en que la mayoría de los cambios citados por las autoridades españolas han sido promovidos por comunidades autónomas o instituciones subnacionales, mientras que el nivel estatal —objeto principal del informe— permanece estancado.
Entre las asignaturas pendientes destaca la falta de regulación efectiva sobre el régimen de los asesores políticos. El GRECO había reclamado que estos profesionales, cuya labor influye en la toma de decisiones públicas, estuvieran sujetos a estándares similares de integridad y transparencia que los altos cargos. No obstante, esta recomendación sigue sin aplicación efectiva. La normativa prevista aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que el organismo europeo no la considera cumplida.
Otro punto crítico es la reforma de los aforamientos. El Ejecutivo alegó en su defensa que el aforamiento no implica impunidad, sino que únicamente traslada la competencia al Tribunal Supremo. Sin embargo, para el GRECO esto no es suficiente y señala la falta de avances concretos para modificar este privilegio, lo que contribuye, a su juicio, a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
RETRASOS LEGISLATIVOS Y CASOS QUE SALPICAN AL ENTORNO DE SÁNCHEZ
El informe también pone el foco en la falta de una legislación que regule adecuadamente la actividad de los grupos de presión o lobbies. Aunque se han anunciado varias iniciativas, hasta el momento no se ha aprobado una ley que obligue, por ejemplo, a hacer públicas las agendas de reuniones entre lobistas y altos cargos. Para el GRECO, esta carencia dificulta la trazabilidad de las decisiones políticas y supone una oportunidad abierta a la influencia opaca.
El diagnóstico se produce en un contexto especialmente sensible para el Gobierno. En los últimos meses, varios casos han salpicado al entorno más cercano del presidente. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias, mientras que su hermano, David Sánchez, se enfrenta a un juicio por supuesta prevaricación y contratación irregular en la Diputación de Badajoz. A ello se suman las causas abiertas contra miembros del PSOE por su presunta implicación en el llamado caso Koldo, una trama relacionada con contratos irregulares durante la pandemia, que involucra a antiguos altos cargos y a personas próximas al exministro José Luis Ábalos.
Aunque el Ejecutivo ha lanzado el llamado Plan de Acción para la Democracia, en el que se incluyen medidas sobre idoneidad, buena reputación, incompatibilidades y transparencia, estas propuestas están aún en fase preliminar y sin desarrollo normativo real. Por tanto, el GRECO no puede considerarlas como medidas cumplidas.
El informe concluye que España sigue sujeta a procedimiento de incumplimiento y ha instado al Gobierno a presentar un nuevo informe detallado antes del 30 de junio de 2026. Hasta entonces, el país permanecerá bajo supervisión, mientras crecen las presiones internas y externas para reforzar de forma efectiva la lucha contra la corrupción.
