Pleno histórico del Tribunal Constitucional: arranca el debate sobre la ley de amnistía
El Tribunal Constitucional ha comenzado este lunes un pleno extraordinario de cinco días de duración con un único punto en el orden del día: el examen de la ley de amnistía. Se trata de una sesión monográfica en la que se discutirá una ponencia que, en términos generales, respalda la norma. El debate, según anticipan fuentes jurídicas, será intenso y se desarrollará a lo largo de toda la semana, con la previsión de que la votación tenga lugar el próximo jueves, siempre que el curso de las deliberaciones lo permita.
La ley objeto de análisis elimina la responsabilidad penal, administrativa y contable relacionada con los hechos del denominado “procés”. En esta primera fase, el Constitucional se centra en el recurso interpuesto por el Partido Popular contra esta norma. La resolución que se adopte marcará un precedente para los otros treinta recursos que han sido presentados ante el alto tribunal, aunque estos no serán abordados hasta después del verano.
La ponencia que guía el debate ha sido elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán. En ella, se defiende que la ley de amnistía se ajusta al marco constitucional, no puede considerarse arbitraria y el motivo que ha impulsado su aprobación no tiene relevancia jurídica. El documento sostiene que la norma no vulnera principios fundamentales y puede, por tanto, ser considerada válida desde el punto de vista constitucional.
No obstante, la propuesta incluye tres puntualizaciones significativas respecto a la aplicación de la ley. En primer lugar, limita su alcance temporal, dejando fuera cualquier hecho ocurrido con posterioridad al 13 de noviembre de 2023. En segundo lugar, aclara que el perdón debe aplicarse también a actos de protesta contra el procés, y no únicamente a los realizados en apoyo al movimiento independentista. Por último, estipula que, en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, será necesario escuchar a todas las partes implicadas antes de proceder a su archivo.
El pleno está compuesto por diez magistrados: seis de perfil progresista y cuatro conservadores. Dos jueces, el progresista Juan Carlos Campo y el conservador José María Macías, se han apartado del debate por haberse manifestado previamente sobre la ley de amnistía. Esto deja en manos del resto la responsabilidad de emitir un fallo sobre el texto legal.
Todo indica que la mayoría progresista se inclinará por respaldar la ponencia favorable a la norma, mientras que el bloque conservador aboga por posponer la decisión. Estos últimos consideran que sería preferible esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles, que podrían incidir en la interpretación final de la ley.
La sentencia que emita el Constitucional no tendrá efectos directos sobre determinados casos individuales, como los de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros implicados a quienes no se les aplicó la amnistía por delitos de malversación. En estos supuestos, la cuestión no reside en la constitucionalidad de la ley, sino en la interpretación que ha hecho de ella el Tribunal Supremo, que ha considerado que la norma no era aplicable a sus conductas concretas.
