Una jueza avisa a la Policía en pleno juicio en Zaragoza por un acusado en busca y captura

En el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza se sentaban en el banquillo nueve personas acusadas de estafa y pertenencia a grupo criminal.
Imagen del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza/H.A.
Imagen del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza/H.A.

El juicio se iba a celebrar en la sala tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, y bajo la presidencia de la magistrada Nicolasa García Roncero. Nueve encausados, bueno, en realidad diez, salvo que este último estaba en paradero desconocido y no se presentó a la vista.

A todos, seis hombres y siete mujeres, se les acusaba de estafa y de formar parte de una organización criminal. Decía en su calificación el juez instructor que dicha organización estaba asentada en Zaragoza y que los encausados ejercían diversos "modus operandi" relacionados con conductas fraudulentas realizadas principalmente a través del teléfono móvil u otros medios electrónicos.

Según ha podido saber HOY ARAGÓN, parte de los implicados actuaban como 'mulas', a las que la organización pagaba por abrir cuentas bancarias que quedaban a disposición del grupo criminal para uso de las citadas defraudaciones.

El supuesto jefe era A.S.C., y bajo su mando estaban cuatro personas más, entre ellas el protagonista de esta historia secundaria, O.A.S., que supuestamente coordinaba las actividades del grupo y actuaba junto con el resto de los acusados.

Con motivo de la campaña de Navidad de 2022, la empresa 'El Corte Inglés' se dio cuenta de la existencia de diversos fraudes en la realización de numerosos pedidos online a través de la plataforma de venta a distancia en dicho comercio.

Estas presuntas estafas se realizaban utilizando los números de las tarjetas de compra de 'El Corte Inglés' de diversos titulares cuyas tarjetas se encontraban asociadas a las cuentas bancarias de clientes de todo el territorio nacional, los cuales desconocían la realización de estos pedidos.

Los acusados presuntamente realizaron múltiples compras de productos online, bien a través de la web o bien de la aplicación, para lo cual, alteraban en los pedidos el nombre del receptor, el teléfono y el domicilio de entrega de la mercancía y que eran diferentes a los de los titulares de las tarjetas.

A tal fin, utilizaban identidades ficticias o aportadas por terceras personas, facilitándose números de teléfono para ser contactados por los repartidores y domicilios, donde, o bien se entregaban los efectos, o en otros casos, los acusados quedaban con el repartidor en la calle con cualquier excusa, donde se realizaba la entrega, que se efectuaban en los barrios del Gancho y Torrero de Zaragoza.

Un parón inesperado en mitad de la sesión

Tanto las partes como el Ministerio Fiscal ya habían acordado previamente una conformidad para que ninguno de los encausados entrase en prisión. Se iban a sustituir las penas de cárcel por trabajos a la comunidad y suspensiones de penas con el requisito de que no volviesen a cometer ningún delito en el plazo de dos años.

En un momento dado, y con el acusado que respondía a las iniciales O.A., en pie, asumiendo una pena de 8 meses de prisión por estafa y pertenencia a grupo criminal, la jueza se percataba de algo. "Usted está buscando por la justicia; tiene una orden de busca y captura de un juzgado de Marbella·", le decía la magistrada al encausado.

Éste se encogía de hombros y la jueza llamaba al secretario judicial para que, a su vez, llamase a la Policía Nacional. Justo al terminar la sesión, una patrulla se presentaba en las dependencias judiciales esperando a este hombre que salía por su propio pie, sin condena de prisión, pero que se veía de nuevo detenido nada más salir de la Audiencia Provincial por un caso que no parecía recordar. 

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