Condenada a prisión una administrativa por acceder más de 1.000 veces al historial médico de su hija y tres nietos
La trabajadora del centro de salud de Alsasua consultó durante tres años datos sanitarios sin autorización y deberá indemnizar a las víctimas con 55.000 euroS
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de ocho años de prisión impuesta a una administrativa del Centro de Salud de Alsasua por acceder de forma ilegal y reiterada al historial médico de su hija y de sus tres nietos menores de edad. La resolución ratifica íntegramente la sentencia dictada el pasado mes de enero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.
La procesada fue condenada por cuatro delitos continuados de revelación de secretos, uno por cada víctima, después de que se acreditara que realizó un total de 1.329 accesos no autorizados entre mayo de 2021 y mayo de 2024. En concreto, consultó en 677 ocasiones la historia clínica de su hija y en 263, 275 y 114 ocasiones las de sus tres nietos. Además, imprimió informes médicos hasta en 122 ocasiones.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJN rechaza ahora el recurso presentado por la defensa, que solicitaba la absolución al entender que debía aplicarse la eximente completa de alteración psíquica. El tribunal, sin embargo, mantiene el criterio de la Audiencia y considera acreditado que la acusada actuó consciente de la ilegalidad de sus actos.
Accesos “sin justificación asistencial”
Según recoge la sentencia, los accesos a las historias clínicas se realizaron “por motivos ajenos a sus funciones profesionales, sin justificación asistencial y sin contar con autorización ni consentimiento” de la madre de los menores.
El tribunal subraya además que “no alberga duda alguna” de que la acusada difundió datos obtenidos ilegalmente a través de dichas consultas médicas. Los magistrados consideran probado que la administrativa utilizó información sanitaria reservada de sus familiares vulnerando de forma reiterada el deber de confidencialidad.
La condena contempla dos años de prisión y 4.200 euros de multa por cada uno de los cuatro delitos continuados de revelación de secretos, lo que suma un total de ocho años de cárcel y 16.800 euros de multa. Asimismo, se le impone una pena de siete años de inhabilitación por cada delito.
Prohibición de acercarse a las víctimas durante 20 años
La sentencia también establece medidas de alejamiento respecto a las víctimas. La condenada no podrá aproximarse a menos de 200 metros ni comunicarse con su hija y sus tres nietos durante un total de 20 años, cinco por cada delito cometido.
En materia de responsabilidad civil, deberá indemnizar con 25.000 euros a su hija y con 10.000 euros a cada uno de los menores por los daños morales ocasionados. En total, las indemnizaciones ascienden a 55.000 euros, aunque de esa cantidad se descontarán los 24.000 euros ya consignados previamente, por lo que deberá abonar todavía 31.000 euros.
Atenuantes por alteración psíquica leve
Tanto la Audiencia Provincial como el TSJN apreciaron la concurrencia de las atenuantes simples de reparación del daño y anomalía o alteración psíquica. Según se recoge en los hechos probados, la funcionaria estaba diagnosticada de un trastorno adaptativo y un trastorno de control de impulsos que afectaban “de manera leve” a sus facultades volitivas.
Pese a ello, el alto tribunal navarro entiende que dicha circunstancia no anulaba su capacidad para comprender la ilicitud de su conducta, motivo por el que descarta aplicar la eximente completa solicitada por la defensa.
La resolución no es firme y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
