Multas de hasta 200.000 euros por dejar al perro solo más de 24 horas: qué dice la ley en España

La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe dejar a los perros sin supervisión durante más de 24 horas consecutivas. La norma, que afecta a miles de familias en Zaragoza, Huesca y Teruel, contempla sanciones que pueden alcanzar los 200.000 euros en los casos más graves.

Qué dice la ley sobre dejar solo a un perro

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de marzo de 2023 y entró en vigor de forma progresiva a lo largo de aquel año. Su aprobación supuso un cambio de enfoque en la relación legal entre las personas y sus animales de compañía, ya que por primera vez una norma estatal reconoció a los animales como "seres sintientes" y no como simples bienes muebles.

En su artículo 27, la ley recoge un listado de prohibiciones concretas para los propietarios de animales de compañía. El punto que más polémica ha generado –y que muchos dueños aún desconocen– es el que establece la prohibición de "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos". Ahora bien, para la especie canina el plazo es mucho más restrictivo: no puede superar las veinticuatro horas consecutivas.

Dicho de otro modo, si una persona tiene un perro y planea ausentarse de casa más de un día, debe asegurarse de que alguien se haga cargo del animal. No vale dejarlo con comida y agua y marcharse un fin de semana. La norma exige supervisión real, no mera presencia de recursos.

Terrazas, balcones y trasteros: también prohibido

El mismo artículo 27 aborda otra práctica habitual que la ley considera inaceptable: mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos. En Zaragoza, donde muchos pisos del Casco Histórico, Delicias o Las Fuentes cuentan con balcones y patios interiores, esta prohibición tiene una relevancia especial.

Si el animal permanece en esos espacios de forma puntual –mientras el dueño tiende la ropa o ventila la casa, por ejemplo– no hay infracción. El problema surge cuando esa situación se convierte en algo permanente o habitual. En ese caso, la ley la tipifica como infracción grave, con las sanciones económicas correspondientes.

De hecho, las asociaciones animalistas de Aragón llevan años denunciando casos de perros que pasan la mayor parte del día en balcones de barrios como Torrero, San José o La Almozara, expuestos al calor del verano zaragozano –con sus jornadas de más de 40 grados– o al cierzo del invierno. La ley ofrece ahora un marco legal más claro para actuar contra estas situaciones.

Curso obligatorio y microchip: las otras novedades

Más allá de las prohibiciones, la Ley de Bienestar Animal introdujo dos requisitos que afectan a cualquier persona que quiera tener un perro. El primero es la obligación de realizar un curso de tenencia responsable antes de adquirir o adoptar un can. Este curso, gratuito y accesible en línea a través de la plataforma del Ministerio de Derechos Sociales, aborda cuestiones básicas de cuidado, alimentación, necesidades etológicas y obligaciones legales del propietario.

El segundo requisito es la identificación obligatoria mediante microchip. En Aragón, la mayoría de veterinarios ya realizaban esta práctica de forma rutinaria, pero la ley la convierte en obligación estatal. El chip debe registrarse en el Registro de Identificación de Animales de Compañía, y el propietario tiene la obligación de mantener actualizados sus datos de contacto.

En la comunidad aragonesa, el Colegio de Veterinarios de Zaragoza ha recordado en varias ocasiones que el microchip no solo es un requisito legal, sino una herramienta clave para localizar a animales perdidos. Cada año, el albergue municipal de Zaragoza y las protectoras de la provincia recogen centenares de perros sin chip o con datos desactualizados, lo que dificulta su devolución a las familias.

Las multas: de 500 a 200.000 euros según la gravedad

El régimen sancionador de la ley establece tres niveles de infracción. Las leves acarrean multas de entre 500 y 10.000 euros. Las graves, de 10.001 a 50.000 euros. Las muy graves pueden suponer sanciones de entre 50.001 y 200.000 euros.

¿Dónde encaja dejar al perro solo más de 24 horas? Depende de las circunstancias. Si se trata de un hecho aislado y el animal no ha sufrido daño, la sanción se situaría en el tramo de las infracciones leves. Eso sí, si el abandono temporal provoca lesiones, estrés severo o pone en riesgo la vida del animal, la calificación puede subir a grave o muy grave.

En Aragón, las competencias de inspección y sanción en materia de protección animal corresponden al Gobierno de Aragón y a los ayuntamientos. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) también interviene en muchos de estos casos, sobre todo cuando hay denuncia vecinal o indicios de maltrato.

Cómo afecta esto a los propietarios aragoneses

Para las familias aragonesas con perro, la ley obliga a planificar con antelación cualquier ausencia prolongada. Si alguien viaja un fin de semana, necesita dejar al animal con un familiar, un amigo, un cuidador profesional o una residencia canina. En Zaragoza capital existen varias opciones: desde residencias en la periferia –en zonas como Montañana, Movera o la carretera de Logroño– hasta servicios de cuidadores a domicilio que han proliferado en los últimos años a través de plataformas especializadas.

En el medio rural aragonés, donde muchas familias tienen perros de guarda en fincas o explotaciones ganaderas, la aplicación de la norma plantea dudas adicionales. Las organizaciones agrarias como UAGA y Asaja en Aragón han pedido en diversas ocasiones que se aclare cómo se aplica la ley a los perros de trabajo –pastoreo, caza o guarda– frente a los animales de compañía en sentido estricto.

Con todo, la Ley de Bienestar Animal lleva ya más de tres años en vigor y su cumplimiento, según reconocen las propias administraciones, es desigual. Las asociaciones proteccionistas aragonesas insisten en la necesidad de dotar de más recursos a los servicios de inspección y de intensificar las campañas de concienciación, sobre todo de cara a los meses de verano, cuando los abandonos y las situaciones de desatención se disparan en toda la comunidad.