Opinión | Hacia el buen gobierno desde la contratación pública
La función de una Administración económica moderna, proactiva, que moviliza inversiones productivas, es mejorar la calidad de prestación de los servicios públicos y aportar la mejor seguridad (certeza) jurídica posible. Por ello, la gestión pública del siglo XXI debe estar orientada al buen gobierno y la buena administración, derecho fundamental de la ciudadanía, como estándar para el impulso de las diferentes políticas públicas.
Y el buen gobierno no es solo cumplir reglas, sino, principalmente, satisfacer de manera adecuada las demandas de la sociedad. Es decir, interesa el resultado, muy especialmente en el ámbito de los servicios públicos esenciales. Buen gobierno como seña de identidad de la POLÍTICA que construye y pretende implantar los cambios para una convivencia mejor.
Para cumplir ese fin, como explica la presidenta de la Comisión Europea o los informes recientes de E. Letta y M. Dragui, la contratación pública, por su indudable impacto económico, es la principal herramienta para impulsar esos cambios. A través de los contratos públicos se puede desarrollar una efectiva estrategia en los diferentes ámbitos (infraestructuras, tecnología, servicios a las personas, innovación, etc.) que descanse no en la forma, sino en el mejor resultado. Lo que significa que se debe poner el acento en la mejor calidad de la prestación.
Y en resultado, el factor tiempo es, sin duda, un elemento esencial. Es muy evidente en prestaciones dirigidas a las personas en el ámbito de la salud o servicios sociales. Pero también en la puesta en funcionamiento de infraestructuras, máxime cuando estas aportan rentabilidad social, ambiental o económica una vez se ponen en disposición de la sociedad. Un ejemplo es la autovía Somport-Sagunto, donde los largos plazos de ejecución desde su inicial planificación suponen una evidente ineficiencia por sobrecostes como consecuencia de mayor tiempo, a la vez que un retraso en el cumplimiento efectivo del interés público que justifica dicha autovía.
Esta nueva cultura de la buena administración mediante la contratación pública aconseja un cambio de su regulación (quizás ya a escala europea para generar un marco verdaderamente armonizado) y, también, principalmente, de la interpretación en lo relativo a su aplicación y significado, que supere las inercias de hacer lo mismo y de desarrollar una burocracia defensiva.
La correcta utilización del contrato público, como palanca de cambio, debe servir para dar cumplimiento al mandato constitucional de transformación que deben liderar los poderes públicos. Esto implica optimizar la inversión pública que supone todo contrato público. La estrella polar de la contratación pública, entre otros principios que “brillan con fuerza”, como la transparencia, la rendición de cuentas o la integridad, debe ser la calidad y el valor del resultado de la prestación.
Y no el precio, en una errónea visión economicista que olvida los mejores aspectos técnicos y confunde el verdadero significado del principio constitucional de eficiencia con el objetivo del “ahorro”, sin pensar en los efectos que esto pueda tener en la calidad de los servicios públicos que debemos prestar a la ciudadanía.
El rol de la gobernanza pública, mediante una moderna e inteligente utilización de la contratación pública y de las fórmulas de colaboración público-privada, debe servir como impulso para garantizar el equilibrio entre lo público y lo privado, preservando, por supuesto, los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima en inversiones de larga duración. Estos principios no son contrarios, sino complementarios, a los de control de la prestación y de adecuada regulación de unos servicios públicos “circulares” que integren lo social, lo ambiental y la equidad como señas de identidad del modelo económico.
El objetivo es conseguir un adecuado reequilibrio de riqueza y de derechos y deberes para avanzar en una sociedad realmente inclusiva. En ello va el futuro del liderazgo de gestión de las instituciones públicas.
José María Gimeno Feliu
Catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Zaragoza.