Huesca no borra del callejero a los alcaldes franquistas y la Justicia vuelve a insistir
La justicia ha dictaminado que el Ayuntamiento de Huesca deberá sustituir las calles con nombres de alcaldes franquistas por denominaciones democráticas. La Sección de Casación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado el recurso del consistorio oscense, confirmando la sentencia que obliga a aplicar la Ley de Memoria Democrática.
El fallo judicial también condena al Ayuntamiento en costas y cierra definitivamente la vía de apelación, poniendo fin a una batalla legal en la que el consistorio había intentado mantener sin cambios el callejero de Huesca.
El Ayuntamiento de Huesca ha perdido en todas las instancias judiciales su intento de conservar las denominaciones de varias calles vinculadas al régimen franquista. Este proceso ha sido impulsado por varias entidades memorialistas y ciudadanos, representados por el letrado Pablo Malo. Entre las organizaciones demandantes se encuentran:
- Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa)
- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón
- Colectivo Ciudadano de Huesca
Además, informes periciales presentados por expertos como Julián Casanova, Herminio Lafoz e Irene Abad han respaldado la necesidad de la retirada de estos nombres en cumplimiento de la ley.
Esta no es la primera vez que la justicia obliga al Ayuntamiento a eliminar referencias franquistas. Ya en el pasado, se retiró una placa franquista del patio municipal y se cambió el nombre de Federico Mayo, que ahora es la calle de la Música, en el barrio del Perpetuo Socorro.
OTRAS CALLES Y MONUMENTOS FRANQUISTAS QUE TAMBIÉN SERÁN RETIRADOS
El litigio no solo afecta a los alcaldes franquistas, sino también a otros nombres y símbolos vinculados a la dictadura. Organizaciones memorialistas han promovido acciones legales para eliminar homenajes a figuras como Vicente Campo Palacio (cuyo busto en el parque Miguel Servet fue retirado), José Gil Cávez, Emilio Miravé Díez y Pedro Sopena Claver.
En todos estos casos, la justicia ha dado la razón a los demandantes, fallando en primera instancia en el Tribunal de lo Contencioso de Huesca y ratificando las sentencias el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Actualmente, el Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Supremo, donde se decidirá si el caso es admitido o no.
Esta resolución supone un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón y sienta un precedente para otros municipios que aún conservan nomenclaturas vinculadas al franquismo.
