El Gobierno de Aragón subirá el sueldo a los funcionarios en menos de diez días por decreto ley
Los funcionarios del Gobierno de Aragón verán reflejada la subida salarial en sus nóminas antes de que acabe mayo.
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, anunció este miércoles en su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda del Parlamento aragonés que en no más de diez días el Consejo de Gobierno aprobará un decreto ley que incluirá la subida salarial de los empleados públicos de la comunidad.
El mismo decreto recogerá también todas las subvenciones nominativas que el Gobierno de Aragón debe atender, entre ellas las destinadas a entidades como Alcer —Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón— y la Asociación Española Contra el Cáncer.
Por qué se usa un decreto ley
El recurso al decreto ley —una norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar sin pasar previamente por el Parlamento, aunque debe ser ratificada posteriormente por la cámara— se explica por el contexto presupuestario en el que se mueve actualmente Aragón.
El Gobierno de Azcón está operando en 2026 con los presupuestos prorrogados del ejercicio anterior, lo que limita la capacidad de incorporar nuevos gastos a través de los mecanismos ordinarios. El decreto ley permite al ejecutivo aragonés atender estos compromisos económicos con agilidad y sin esperar a que se tramite y apruebe un nuevo presupuesto.
Bermúdez de Castro explicó que este 2026 se harán las modificaciones presupuestarias necesarias para acabar el año con normalidad, y señaló expresamente dos áreas prioritarias que requieren atención urgente: los gastos de personal en Educación y en Sanidad, dos de los capítulos más voluminosos del presupuesto aragonés y los que más presión acumulan en un contexto de aumento de plantillas y de acuerdos salariales pendientes de materializar.
La situación de la temporalidad: mejoras pero trabajo pendiente
El consejero aprovechó su comparecencia para hacer balance de la situación de la función pública aragonesa, un ámbito que encontró con importantes problemas estructurales al inicio de la legislatura. El más grave era el tapón de procesos selectivos: convocatorias de oposiciones sin concluir que se arrastraban desde 2017 y que dejaban a miles de interinos en una situación de incertidumbre prolongada.
El balance que presentó Bermúdez de Castro es positivo aunque parcial. Se han conseguido finalizar las oposiciones convocadas hasta 2023, lo que ha permitido reducir la tasa de temporalidad en los servicios generales del Gobierno de Aragón del 40% al 25%. Una mejora significativa aunque todavía alejada de los objetivos que marca la normativa europea sobre estabilización del empleo público.
Con los nuevos procesos selectivos correspondientes a 2023, 2024 y 2025 en marcha, el consejero prevé que la temporalidad se reducirá aún más a lo largo de este año.
Y para 2027 el objetivo es estar completamente al día: que las convocatorias de oposiciones se hagan en el primer semestre del año en curso, sin retrasos acumulados.
Las subvenciones del decreto: entidades que no pueden esperar
Junto con la subida salarial, el decreto ley incluirá las subvenciones nominativas pendientes de aprobación para entidades que desarrollan servicios esenciales para colectivos vulnerables en Aragón.
Entre ellas, Alcer Aragón —que gestiona programas de apoyo a pacientes renales y trasplantados— y la Asociación Española Contra el Cáncer en su delegación aragonesa, entre otras organizaciones del tercer sector que dependen de la financiación pública para mantener su actividad.
Estas subvenciones nominativas —es decir, destinadas expresamente a entidades concretas identificadas por su nombre en el presupuesto— no pueden tramitarse por las vías ordinarias mientras no haya presupuesto aprobado, de ahí que el decreto ley sea el instrumento elegido para desbloquear su pago.
