La técnica del Inaga purgada por informar contra Forestalia: cómo un cargo de Lambán manipuló el organismo ambiental de Aragón
Entre 2016 y 2023, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) fue dirigido por Jesús Lobera bajo el Gobierno de Aragón presidido por Javier Lambán. En esos años, según los testimonios recabados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil en el marco de la operación Perserte -o llamado caso Forestalia-, y que están recogidos en el sumario al que ha tenido acceso HOY ARAGÓN, el organismo encargado de velar por la legalidad ambiental de los proyectos de energías renovables en Aragón dejó de funcionar como un contrapeso técnico independiente.
Lo que describen los funcionarios que declararon ante los agentes es otra cosa: un organismo en el que los informes desfavorables se convertían en favorables, quienes se resistían sufrían consecuencias y los proyectos del grupo Forestalia salían adelante casi sin excepción.
Lobera es uno de los seis investigados detenidos el pasado 3 de marzo en el marco de la operación Perserte. Está en libertad y se enfrenta a cargos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ni él ni su defensa han hecho declaraciones públicas hasta el momento.
Solo tres informes desfavorables en años
El dato que más llama la atención de los testimonios recabados por la UCOMA es su contundencia estadística. Un funcionario declaró ante la Guardia Civil que durante el periodo en que Lobera dirigió el Inaga, el organismo solo firmó tres informes desfavorables a proyectos de energías renovables. Solo tres. En un periodo en el que la avalancha de solicitudes de parques eólicos y solares en Aragón fue histórica, la práctica totalidad de los expedientes salió con evaluación positiva.
La explicación que dan los propios trabajadores es directa: Lobera rechazaba todos los informes técnicos internos con valoración desfavorable. No los archivaba ni los devolvía para revisión. Los rechazaba. El resultado era que el informe que salía del Inaga era favorable, independientemente de lo que hubieran concluido los técnicos que lo habían elaborado.
Los funcionarios describen además una práctica de modificación de documentos: los borradores con conclusiones negativas eran alterados para que el resultado final fuera el contrario. La Guardia Civil constató también en sus diligencias la "baja calidad técnica" de algunos de los informes emitidos durante ese periodo, lo que apunta a que en algunos casos los documentos se redactaban directamente para justificar una conclusión ya decidida de antemano.
La funcionaria que se resistió y fue apartada
No todos los técnicos cedieron sin conflicto. Una de las trabajadoras del Inaga declaró ante la Guardia Civil que se produjeron "amplios conflictos" entre una técnica del organismo y la dirección. El motivo: esa técnica emitía informes desfavorables a proyectos de Forestalia cuando sus evaluaciones así lo indicaban. Se negaba a cambiar sus conclusiones.
El desenlace fue su purga y cambio de las funciones que hasta entonces desempeñaba. No hay constancia, según la información disponible, de que se abriera expediente disciplinario formal ni de que se argumentara técnicamente su relevo. Simplemente dejó de ocuparse de esos expedientes.
Es el caso más explícito de lo que la UCOMA describe como un "presunto desmantelamiento de los contrapesos técnicos y administrativos" del Inaga. La funcionaria que cumplía con su trabajo —emitir evaluaciones técnicas independientes— fue retirada. Quien se ajustaba al procedimiento pagaba un precio por ello.
"Situaciones extrañas" y cambios de criterio sin explicación
Más allá del caso concreto de esa técnica, otros trabajadores del Inaga describieron ante la Guardia Civil un patrón que se repetía: informes que llegaban con una valoración y salían con otra radicalmente distinta, sin que mediara ninguna justificación técnica documentada.
Los funcionarios lo llamaron "situaciones extrañas". En la práctica, lo que describían era un organismo en el que el criterio técnico había dejado de ser el factor determinante en la evaluación de los proyectos. Las conclusiones de los expedientes dependían de algo distinto, aunque los trabajadores no siempre podían precisar de dónde venían las instrucciones.
Lo que sí pudieron precisar algunos de ellos es que las presiones no siempre llegaban desde dentro del Inaga. La UCOMA recoge en su atestado que las presiones denunciadas "no se limitaban al ámbito interno del Inaga, sino que podrían escalar a los niveles más altos del Gobierno de Aragón" de entonces, donde el gobierno era presidido por Javier Lambán y una coalición de partidos (Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés).
Una afirmación que los investigadores formulan en condicional —es una línea de investigación abierta, no un hecho probado— pero que amplía considerablemente el foco de la causa.
*Jesús Lobera, exdirector del Inaga, durante la comparecencia pública para dar cuentas de la gestión de las renovables en Aragón, el 23 de mayo de 2023 / DGA
El Inaga, vaciado de independencia
Lo que emerge del conjunto de testimonios es el retrato de un organismo técnico convertido en correa de transmisión de intereses que los propios funcionarios no controlaban ni comprendían del todo. Técnicos sin cualificación designados para figurar en evaluaciones. Informes rechazados sin argumentación. Una funcionaria apartada por hacer su trabajo. Y un director que, según la Guardia Civil, actuaba con un interés claro en que los proyectos del grupo Forestalia salieran adelante "a toda costa".
La investigación judicial sigue abierta. El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, tiene sobre la mesa una causa que ya ha generado seis detenciones y que apunta a un sistema de corrupción medioambiental con ramificaciones en organismos autonómicos y estatales. Lo que los funcionarios del Inaga contaron a la Guardia Civil es uno de los pilares sobre los que se sostiene esa investigación.
