La Guardia Civil apunta a presiones a favor de Forestalia en "los niveles más altos" de la DGA de Javier Lambán
Catorce funcionarios de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), tres trabajadores de la empresa pública Tragsatec y dos empleados del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) prestaron declaración ante la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta trama de corrupción medioambiental ligada al grupo Forestalia.
Según se recoge en el sumario, al que tiene acceso HOY ARAGÓN, hay testimonios, coincidentes en lo esencial, que fueron determinantes para las seis detenciones del pasado 3 de marzo, entre ellas la del ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio, Eugenio Domínguez, y la del presidente de Forestalia, Fernando Samper.
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil recoge en su atestado que la coincidencia entre los declarantes arroja "indicios suficientes" sobre las presuntas conductas delictivas de los investigados. Lo que describieron, funcionario tras funcionario, es un sistema diseñado para que los proyectos de Forestalia obtuvieran siempre el resultado favorable que necesitaban.
Las presuntas presiones a funcionarios apuntarían principalmente al periodo del Gobierno de Javier Lambán (PSOE), concretamente entre los años 2016 y 2023. Las presiones sobre los funcionarios se sitúan durante su mandato. El Clúster del Maestrazgo y los proyectos de Forestalia, además, se tramitaban y aceleraron durante ese mismo periodo. Además, el concurso de renovables del que forma parte el Clúster del Maestrazgo, que está a la espera de ser cancelado judicialmente, fue impulsado principalmente entre 2020 y 2022.
Las fechas señaladas, de 2016 a 2023, corresponden a los años en los que el gobierno aragonés estaba liderado por el PSOE y acompañado en dos legislaturas por distintos partidos. En la primera legislatura, donde empezó a tejerse presuntamente la trama corrupta, gobernó Lambán con Chunta Aragonesista.
Del 2019 al 2023, el periodo donde más se intensificaron los proyectos de Forestalia cuestionados, Lambán fue presidente gracias a una coalición de gobierno conformada por PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista (CHA) y el Partido Aragonés (PAR).
A nivel estatal, el Miteco estuvo bajo el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) desde 2018. Domínguez era el subdirector durante ese periodo, un alto cargo elegido y de la confianza de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea.
"Una guardia pretoriana" para tramitar sin control
El término lo usaron los propios funcionarios. Según el atestado incluido en el sumario, al que tiene acceso HOY ARAGÓN, varios trabajadores de la Subdirección describieron cómo Eugenio Domínguez había creado una "guardia pretoriana" para tramitar con Tragsatec los proyectos de Forestalia, de manera que quedaran fuera de los circuitos técnicos ordinarios de evaluación ambiental.
El mecanismo era el siguiente: el ex subdirector se asignaba a sí mismo la "práctica totalidad" de los proyectos de energías renovables presentados por promotores del grupo Forestalia, algo que los funcionarios calificaron de "extraordinario" por lo inusual del procedimiento. Una vez asignados, derivaba los expedientes hacia Tragsatec para evaluarlos bajo "su supervisión directa", evitando así que otros técnicos del Ministerio pudieran intervenir.
Los trabajadores añadieron otro detalle llamativo: Domínguez acudía de forma habitual a las oficinas de Forestalia por las tardes, al terminar su jornada laboral. Y esa relación no se cortó con su jubilación. Continuó como asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente, con la misma dinámica de favorecer los expedientes de la empresa según el relato de los testigos.
Hubo además una práctica que la Guardia Civil considera especialmente significativa: Domínguez designaba a personas sin cualificación técnica para que figuraran formalmente en las evaluaciones como técnicos responsables. De ese modo, los proyectos salían del procedimiento ordinario sin que los funcionarios especializados pudieran revisarlos.
Informes negativos convertidos en positivos
En el caso del Inaga, el organismo de evaluación ambiental del Gobierno de Aragón, los testimonios apuntan a dinámicas similares. Trabajadoras del organismo declararon ante la Guardia Civil la existencia de "situaciones extrañas": informes que pasaban de ser negativos a favorables sin ninguna justificación técnica.
Una de las declarantes señaló que se produjeron "amplios conflictos" entre una técnica del Inaga y la dirección del organismo por los informes desfavorables que emitía sobre proyectos de Forestalia. El desenlace fue que esa funcionaria acabó siendo apartada de sus funciones.
En el Miteco el patrón era parecido. Según los testigos, Domínguez imponía su autoridad obligando a cambiar los resultados desfavorables de los borradores que emitían otros técnicos. Un funcionario declaró que el ex subdirector se interesó de forma especial por el Clúster del Maestrazgo, el megaproyecto de 125 aerogeneradores de Forestalia en las comarcas turolenses de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, e influyó directamente para que el borrador de evaluación fuera favorable.
Cuando existían conflictos entre proyectos de distintas empresas, la balanza se inclinaba siempre hacia Forestalia. En un caso concreto de disputa entre Green Capital y el grupo de Fernando Samper, Domínguez dio instrucciones precisas a trabajadores para que el expediente de Forestalia saliera adelante. La UCOMA lo califica de prueba de una "intervención deliberada" para asegurar la viabilidad de los proyectos de la empresa.
Las presiones que podrían llegar "a los niveles más altos del Gobierno de Aragón"
La parte más explosiva del atestado apunta más allá del Inaga. La UCOMA señala expresamente que las presiones denunciadas por los funcionarios aragoneses "no se limitaban al ámbito interno del Inaga, sino que podrían escalar a los niveles más altos del Gobierno de Aragón".
Los testimonios recabados revelan un interés por parte del entonces director del Inaga, Jesús Lobera, en sacar adelante los proyectos de Forestalia "a toda costa". Un funcionario declaró que en esa época solo se firmaron tres informes desfavorables, que el director rechazaba todos los informes técnicos internos con valoración negativa y que se produjeron "presiones" directas sobre los trabajadores. La Guardia Civil constató además la "baja calidad técnica" de algunos de los informes emitidos y prácticas de modificación de documentos.
El conjunto de estos patrones lleva a la UCOMA a concluir que lo ocurrido en el Inaga revelaría "un presunto desmantelamiento de los contrapesos técnicos y administrativos" del organismo. Una afirmación de enorme gravedad institucional que apunta a algo más que una irregularidad puntual: la neutralización sistemática de los mecanismos de control ambiental en Aragón para favorecer los intereses de una empresa privada.
