Quién es quién y qué se juzga en el caso Forestalia: Fernando Samper, dos testaferros y funcionarios del Inaga y el Miteco
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha convocado para este viernes 13 de marzo, a las 9:30 horas, una vista de medidas cautelares en la que decidirá si paraliza la ejecución del Clúster del Maestrazgo, el megaproyecto eólico de Forestalia con 125 aerogeneradores proyectados en las comarcas turolenses de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.
La petición la formula la UCOMA, la unidad de la Guardia Civil especializada en protección de la naturaleza, que en un informe pericial advierte al juez de que la ejecución del proyecto podría causar daños medioambientales irreversibles en la zona.
La vista se celebra en el marco de la operación Perserte, la investigación que la Guardia Civil lleva desarrollando desde hace tres años y que la semana pasada se saldó con seis detenciones, entre ellas la del presidente de la compañía, Fernando Samper, actualmente en libertad. Los investigados se enfrentan a cargos de prevaricación, cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Quién es quién en la operación Perserte
El auto del juez instructor sitúa a Fernando Samper como el actor principal de la trama. Según la investigación, Samper habría sido el gran beneficiado de la presunta corrupción de dos organismos clave: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), a nivel autonómico, y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), a nivel estatal.
Ambos eran los responsables de velar por el cumplimiento de las leyes medioambientales en los proyectos de energías renovables. El informe de la Guardia Civil le señala como el presunto promotor y receptor final de los tratos de favor administrativos que habrían permitido la aprobación de múltiples proyectos. Los conseguía, según la instrucción de la causa, mediante una relación inusualmente estrecha con funcionarios clave a quienes, presuntamente, recompensaba económicamente a través de sociedades mercantiles e intermediarios.
Eugenio Jesús Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco, es otro de los nombres centrales de la causa. Varios testigos le señalan como el responsable de crear un sistema de tramitación paralelo en el que él mismo asumía personalmente las gestiones de los proyectos del grupo Forestalia, una práctica que los investigadores califican de "extraordinaria" por su carácter anómalo dentro del funcionamiento habitual del organismo.
En el ámbito aragonés, el papel clave lo ocupa Jesús Lobera, exdirector del Inaga entre 2016 y 2023. La Unidad Operativa de Medioambiente del Seprona le atribuye haber ejercido presiones sobre funcionarios autonómicos para lograr informes favorables a Forestalia. El juez le imputa además haber reorganizado las competencias internas del organismo de forma anómala con el objetivo de eludir los controles técnicos ordinarios.
El entramado se completa con Eduardo y Roberto Pérez Águeda, señalados como presuntos testaferros, y con la notaría de Javier de Lucas y Cadenas, a la que la investigación vincula con el opaco entramado societario utilizado, según la acusación, para ocultar las contraprestaciones presuntamente ilegales.
125 aerogeneradores y la petición de paralización
El Clúster del Maestrazgo es el proyecto más ambicioso de Forestalia en Aragón. Con 125 aerogeneradores distribuidos entre las comarcas de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, se trata de uno de los megaproyectos eólicos de mayor envergadura planificados en la comunidad autónoma. Su aprobación y tramitación están en el centro de la investigación judicial.
El informe medioambiental presentado por la UCOMA al juez es el resultado de la pericial que el propio instructor encargó a esa unidad. Las conclusiones son contundentes: la Guardia Civil advierte de que la ejecución del proyecto podría ocasionar daños medioambientales irreversibles en una zona con alto valor ecológico. Por ello, la unidad informa al juez de la conveniencia de paralizar la ejecución de las obras mientras se sustancia la causa.
A la vista del viernes están citados el Ministerio Fiscal, las partes personadas en el procedimiento y las empresas que pudieran verse afectadas por la adopción de la medida cautelar. El juez también ha consultado al Ministerio Fiscal sobre una posible inhibición —es decir, sobre si el caso debería pasar a otro órgano judicial de mayor rango—, y la Fiscalía ha remitido un informe favorable a esa opción. Esa decisión podría tener consecuencias sobre la gestión futura de la causa.
Una investigación con tres años de recorrido
La operación Perserte no ha surgido de improviso. La Guardia Civil lleva tres años construyendo el caso, cruzando documentación, tomando declaraciones e identificando el entramado societario que, según la investigación, servía para canalizar los presuntos pagos a funcionarios. Las seis detenciones de la semana pasada son el primer resultado visible de ese trabajo.
El caso tiene ramificaciones que van más allá de Teruel. Forestalia opera en varias comunidades autónomas y los organismos implicados —el Inaga y el Miteco— tienen competencias de alcance autonómico y estatal respectivamente. La magnitud de la investigación y la relevancia de los cargos imputados convierten la operación Perserte en uno de los casos de presunta corrupción medioambiental de mayor calado abiertos en España en los últimos años.
