El señor "E" ya tiene nombre: así construyó Eugenio Domínguez su conexión con Forestalia desde el ministerio
Había un hombre al que nadie quería nombrar. La asociación Paisajes de Teruel llevaba años intentando identificarlo: siete peticiones formales al ministerio, dos preguntas parlamentarias en el Congreso, una reclamación al Consejo de Transparencia.
Respuestas evasivas, silencio o, según denuncia la propia asociación, contestaciones con contenido falso. Lo llamaban el señor «E». Era la línea de puntos que unía una serie de declaraciones de impacto ambiental difíciles de explicar con la empresa que más se beneficiaba de ellas: Forestalia.
Hoy ese hombre tiene nombre y apellidos: Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica que lideraba Teresa Ribera, detenido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en el marco de una investigación sobre una presunta trama corrupta de licencias para proyectos eólicos y solares en Aragón, concretados en el macro proyecto del Clúster del Maestrazgo.
El ascenso silencioso
Eugenio Domínguez llegó a la subdirección general de Evaluación Ambiental en febrero de 2017, dos meses después de que Francisco Javier Cachón fuera nombrado director general del organismo.
El nombramiento de Cachón había generado ya cierta controversia: según el coordinador de Alianza Verde Juantxo López de Uralde, su designación o mantenimiento en el cargo fue una de las peticiones del PNV canalizadas a través del entonces diputado socialista Santos Cerdán -ahora encausado por presunta corrupción vinculada al caso Koldo- para apoyar la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy en 2018.
Domínguez, sin embargo, pasó mucho más desapercibido. Era el número dos. El que firmaba, el que tramitaba, el que resolvía. Cuando Cachón cesó en 2020, Domínguez siguió. Y siguió firmando.
Entre 2021 y 2023, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió resoluciones sobre 36 proyectos de Forestalia. Treinta y tres fueron declaraciones compatibles. Solo tres resultaron incompatibles, y estas últimas correspondían —paradójicamente— a los proyectos de menor envergadura. Era un patrón que Paisajes de Teruel documentó con meticulosidad y que, a la luz de lo que hoy investiga la Guardia Civil, cobra una nueva dimensión.
Las declaraciones que no cuadraban
Para entender por qué esas resoluciones generaban suspicacias, basta con comparar dos expedientes, según la documentación recopilada y analizada por Paisajes de Teruel. A juicio de la asociación, el Clúster del Maestrazgo de Forestalia afectaba a 16 hábitats de interés comunitario, incluía 85 aerogeneradores en Zonas de Especial Conservación y su impacto sobre la Red Natura 2000 era muy superior al del clúster homónimo en el Matarraña promovido por Green Capital. Pese a ello, Forestalia obtuvo una declaración compatible y Green Capital, una incompatible. Ambas resoluciones salieron del mismo organismo con pocos meses de diferencia.
En la DIA del Clúster del Maestrazgo, Paisajes de Teruel detectó otro elemento que consideró llamativo: la superficie arbolada afectada se cifraba en 116 hectáreas, sin computar —a juicio de la asociación— el impacto de las pistas de acceso ni los 80 o 100 kilómetros de líneas eléctricas asociadas al proyecto.
Esa misma cifra de 116 hectáreas era, según documentó Paisajes de Teruel, la que figuraba en el estudio de impacto ambiental elaborado por la propia Forestalia. Una coincidencia que llevó a la asociación a plantearse en voz alta -y así recogió en su blog- una hipótesis incómoda: ¿y si esas declaraciones se habían redactado directamente en las oficinas de Forestalia?
La pregunta quedó sin respuesta oficial durante años. El ministerio no identificó a los funcionarios que habían tramitado los expedientes. El Consejo de Transparencia no resolvió. El Congreso tampoco.
La jubilación que no fue
En junio de 2023, Eugenio Domínguez se jubiló. O lo intentó. Según adelantó El Mundo, la entonces ministra Teresa Ribera lo contrató de forma inmediata como asesor de nivel 30 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, impidiendo así su desvinculación del organismo. Cesó definitivamente en octubre de ese mismo año.
Es un detalle que los investigadores de la UCOMA no han pasado por alto. El periodo en que Domínguez operó desde la subdirección —y los meses adicionales como asesor— coincide exactamente con el arco temporal en que se concentran las resoluciones ahora bajo sospecha. Su salida definitiva en octubre de 2023 marca también el fin de ese ciclo de declaraciones.
La investigación no se circunscribe a los proyectos eólicos del sur de Aragón. Según fuentes relacionadas con el caso citadas por El Confidencial, la Guardia Civil tenía también bajo sospecha a Forestalia en relación con una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, empresa afincada en Huesca y vinculada a la producción de energía. Un flanco que amplía el perímetro de la investigación hacia el norte de la comunidad.
A nivel autonómico, la tramitación de licencias para proyectos renovables en Aragón generó críticas hacia el Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (INAGA). La causa judicial se centra en el ámbito estatal, pero el impacto territorial de los proyectos investigados recae de forma muy significativa sobre suelo aragonés, especialmente en las comarcas del Maestrazgo, el Matarraña y la provincia de Teruel.
Según publica Brais Cedeira en El Español, el exalto cargo del Ministerio que dirigía Teresa Ribera, detenido en la investigación, habría cobrado presuntamente sus favores a Forestalia mediante participaciones en empresas vinculadas al grupo. De acuerdo con la investigación citada por el medio, Forestalia habría realizado ampliaciones de capital en esas sociedades para aumentar su valor y, con ello, revalorizar la participación que mantenía Domínguez.
Lo que Teruel sabía antes que nadie
Hay algo que esta historia dice sobre la sociedad civil aragonesa. Paisajes de Teruel no es una organización con grandes recursos ni acceso privilegiado a fuentes judiciales. Es una asociación que documentó, preguntó, insistió y publicó durante años lo que nadie en las instituciones quiso responder.
Que la Guardia Civil haya llegado ahora a conclusiones que convergen con lo que esa asociación denunciaba no es casualidad: es el resultado de un trabajo paciente y riguroso que merece ser reconocido. El señor «E» ya tiene nombre. Lo que queda por determinar, y eso corresponde exclusivamente a la justicia, es el alcance real de lo que presuntamente tramó ilegalmente desde su despacho en el ministerio.
