Arenere tenía razón contra Forestalia: la Guardia Civil acredita la manipulación ambiental frente a su hotel Mas de Cebrián
Salvador Arenere lleva años diciéndolo. El empresario aragonés, ex presidente de la Asociación de Empresarios de Aragón (ADEA) y propietario del Mas de Cebrián, una masía histórica enclavada en el Maestrazgo turolense, ha combatido desde el principio los parques fotovoltaicos que Forestalia proyectó frente a su finca en el término municipal de Puertomingalvo.
Lo ha hecho ante los tribunales, ante las administraciones y en los medios. Ahora, un informe pericial de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil —la Ucoma— acredita lo que Arenere denunciaba: que la tramitación de esos parques estuvo manipulada desde dentro del propio Ministerio.
La policía judicial ha presentado el informe ante el Juzgado 1 del Tribunal de Instancia de Teruel, que investiga una presunta trama de corrupción ambiental en la autorización de parques renovables en la provincia vinculados a Forestalia.
Las conclusiones son contundentes: el entonces subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, "eliminó contenidos del informe" directamente para que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los parques Masía I y Masía II salieran aprobadas. Y la Guardia Civil pide ahora al juez que paralice cautelarmente la ejecución del proyecto.
Una masía histórica en el centro de la batalla
El Mas de Cebrián no es un emplazamiento cualquiera. Se trata de una masía de valor patrimonial y paisajístico situada en pleno corazón del Maestrazgo, uno de los territorios más singulares y mejor conservados de Aragón. Arenere heredó la propiedad familiar -que venía desde hacía décadas siendo propiedad de su familia- y ha invertido en su recuperación y puesta en valor, convirtiéndola en un referente en la comarca. Que frente a ella se proyectaran dos grandes parques fotovoltaicos fue, desde el principio, algo contra lo que decidió luchar.
Su posición no era simplemente la de un propietario que defiende su entorno. Arenere se convirtió en uno de los críticos más activos y documentados del modelo de despliegue renovable que empresas como Forestalia impulsaron en el interior de Aragón, señalando las irregularidades en los procesos de tramitación ambiental y la falta de rigor con la que se aprobaban proyectos de gran impacto territorial. Una posición que durante años le enfrentó a intereses y que muchos en el sector minimizaban o descartaban. El informe de la Guardia Civil le da ahora un respaldo judicial de primera magnitud.
Lo que acredita la pericial de la Ucoma
El atestado que la Ucoma ha presentado ante el juzgado turolense es demoledor en sus conclusiones. Lo más grave es la constatación de que Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Miteco, no se limitó a hacer una valoración técnica favorable a los proyectos: directamente "eliminó contenidos del informe" para evitar que la declaración no fuese aprobada. El resultado fue una DIA que "se aprobó saltándose las irregularidades del proyecto presentado", en palabras de la propia policía judicial.
El informe enumera además las carencias concretas del estudio de impacto ambiental que fue aprobado. Presenta, según la Ucoma, "omisiones, errores de metodología, generalizaciones y faltas de rigor" que en su momento debieron impedir la obtención de la declaración favorable.
Entre los problemas detectados: la eliminación de arbolado y matorral afectando a especies protegidas con medidas de minimización insuficientes —lo que conlleva una "pérdida neta de biodiversidad"—, datos sobre fauna extraídos de otros proyectos ajenos que impiden conocer los riesgos reales, y la ausencia de estudios geológicos y arqueológicos sobre el Polje de Mosqueruela y el Parque Cultural del Maestrazgo.
La Guardia Civil concluye que dadas todas esas carencias "es imposible efectuar una valoración completa y técnicamente fundada" y solicita al juez la paralización cautelar de las obras "a fin de evitar posibles daños sustanciales al medio ambiente".
El patrón se repite: el Clúster del Maestrazgo
Los parques Masía I y Masía II son solo una parte de la historia. El juzgado turolense también investiga el Clúster del Maestrazgo, el conjunto de 20 parques eólicos que Forestalia impulsó en la comarca. La Ucoma elabora en este momento el informe pericial sobre ese expediente, todavía en elaboración, pero lo que ya ha trascendido apunta al mismo patrón.
Los técnicos del Ministerio consideraron el Clúster del Maestrazgo un proyecto de "complejísima aprobación" con notables "dificultades técnicas". Para superar ese obstáculo, Domínguez se lo asignó a sí mismo y colocó a su secretario —sin la cualificación técnica necesaria— como responsable del expediente. De esa forma sacó el proyecto del "circuito técnico ordinario" y lo condujo hasta la aprobación pese a las advertencias previas de los propios técnicos del Ministerio.
La rama aragonesa: el Inaga y las puertas giratorias
La investigación tiene también una línea autonómica que apunta al Gobierno de Aragón. El juzgado investiga cómo se tramitaron los informes medioambientales en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), y está pendiente de un informe de la Ucoma que será determinante para la continuación de esa parte de las diligencias.
En este frente aparece además la figura de las puertas giratorias. Varios excargos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en la etapa en que Alfredo Boné era consejero pasaron posteriormente a trabajar en Forestalia. La Guardia Civil considera ese trasvase un "hecho para nada común" y apunta a que podría tratarse de un caso de puerta giratoria por los "tratos de favor" presuntamente llevados a cabo durante su etapa en la Administración. Algunos de esos excargos han llegado a pedir personarse en la causa, petición que el juez rechazó.
El propio juzgado ha reconocido que la magnitud de la causa está retrasando la elaboración de los informes periciales y que eso se está convirtiendo en un "inconveniente" por «el mucho ruido de fondo» que rodea al procedimiento.
Para Salvador Arenere y para quienes llevan años denunciando las irregularidades en la tramitación de renovables en el Maestrazgo, el informe de la Guardia Civil es el primer respaldo oficial y sólido a una batalla que muchos daban por perdida. Ahora, todo queda por decidir y dirimirse en un juzgado de manera clara.
