Auren alerta en Zaragoza: el absentismo y la inseguridad jurídica en despidos son los grandes retos laborales de las empresas aragonesas en 2026
Las empresas aragonesas afrontan en 2026 un escenario laboral de creciente complejidad. Cambios normativos acumulados, nuevos criterios judiciales en materia de despidos y una Inspección de Trabajo que prevé ampliar plantilla y endurecer sus actuaciones configuran un entorno que obliga a las organizaciones a replantearse su gestión de personas.
Esa fue la conclusión central de la jornada "Desafíos en Materia Laboral" que celebró ayer Auren en el Espacio Xplora de Ibercaja, en Zaragoza, con empresas y profesionales aragoneses como protagonistas.
El evento, inaugurado por Mónica Fernández, socia de Auren Auditoría, reunió a responsables de recursos humanos, directivos y asesores legales de la región para analizar de primera mano las tendencias que están transformando la gestión laboral.
Alberto Gilarranz, socio de Auren Legal, fue el encargado de desglosar los cinco ámbitos que, a juicio de la firma, concentran mayor riesgo para las organizaciones en el momento actual: el absentismo laboral, la gestión de permisos retribuidos, la inseguridad jurídica en los despidos, la actuación de la Inspección de Trabajo y las nuevas obligaciones derivadas de reformas legislativas recientes.
El absentismo, un problema que desborda a los departamentos de personas
De los cinco ejes analizados, el absentismo fue probablemente el que generó más debate. Gilarranz lo calificó de "aumento inasumible" para muchas organizaciones y puso sobre la mesa una variable que hace apenas unos años apenas aparecía en los informes de gestión de personas: el impacto de la salud mental.
Los procesos de incapacidad temporal vinculados a ansiedad, estrés laboral o burnout se han disparado en los últimos ejercicios, y las empresas se encuentran ante la paradoja de tener que gestionar un problema que tiene una dimensión humana innegable pero que también genera costes operativos y organizativos difíciles de absorber.
"La combinación de cambios normativos, mayor presión inspectora y nuevas realidades como el impacto de la salud mental en el absentismo obligan a anticiparse y adoptar un enfoque más estratégico en la gestión de personas", señaló Gilarranz durante su intervención.
Una advertencia que, traducida al día a día de las empresas aragonesas, implica que ya no basta con reaccionar cuando el problema aparece: hay que tener protocolos, registros y políticas activas antes de que la situación se complique.
La gestión de los permisos retribuidos añade otra capa de dificultad. La acumulación de reformas normativas de los últimos años ha generado una casuística tan amplia y cambiante que muchos departamentos de recursos humanos reconocen dificultades para mantenerse al día.
Determinar qué permisos son obligatorios, cuáles son mejorables por convenio y cómo documentarlos correctamente para evitar contingencias con la Inspección es, a día de hoy, una tarea que exige dedicación y actualización permanente.
Los despidos, bajo el escrutinio del Tribunal Supremo
Otro de los bloques que más atención concentró fue el relativo a los despidos y la creciente inseguridad jurídica que rodea a estos procesos. Los nuevos criterios del Tribunal Supremo han elevado el listón procedimental que deben cumplir las empresas para que una extinción contractual sea considerada procedente, y el margen de error se ha reducido considerablemente.
Gilarranz insistió en la necesidad de reforzar los procedimientos internos antes de iniciar cualquier proceso de despido, ya sea disciplinario u objetivo. La documentación, los plazos, las comunicaciones formales y la coherencia entre los hechos alegados y las pruebas disponibles son ahora más determinantes que nunca para evitar que una decisión empresarial legítima acabe siendo declarada improcedente o nula en sede judicial.
Para las pequeñas y medianas empresas aragonesas, que no siempre cuentan con asesoría jurídica laboral interna, este escenario representa un riesgo real que conviene no subestimar.
La Inspección de Trabajo aprieta: más personal y más focos de atención
El cuarto gran bloque de la jornada se centró en la hoja de ruta de la Inspección de Trabajo para los próximos meses, y el mensaje fue claro: las empresas deben esperar más visitas, más requerimientos y más sanciones. La Inspección prevé incorporar nuevo personal inspector y ha definido áreas prioritarias de actuación que afectan directamente a la mayoría de las organizaciones: el cumplimiento de los planes de igualdad, el registro horario de la jornada laboral y la regularidad de las relaciones laborales en términos generales.
El registro de jornada, en particular, sigue siendo uno de los puntos donde más empresas presentan deficiencias. Aunque la obligación lleva años vigente, la forma de cumplirla, los sistemas admitidos y la validez de los registros ante una inspección siguen generando dudas. Gilarranz recordó que un registro de jornada defectuoso o inconsistente puede convertirse en un problema mayor que su ausencia, especialmente si se combina con una reclamación por horas extraordinarias.
Auren en Aragón: más de 50 profesionales al servicio del tejido empresarial
La jornada contó con la colaboración de Laboral Group y reafirma la apuesta de Auren por el tejido empresarial aragonés. La firma, especializada en auditoría, consultoría, legal y corporate, cuenta en Aragón con un equipo de más de 50 profesionales que dan cobertura integral a empresas de toda la región desde sus divisiones especializadas.
El Espacio Xplora de Ibercaja, sede del encuentro, se ha consolidado en los últimos años como uno de los puntos de referencia para este tipo de jornadas sectoriales en Zaragoza, un espacio pensado precisamente para el encuentro entre el conocimiento experto y el tejido empresarial local.
Eventos como el de ayer reflejan una realidad que los departamentos de recursos humanos de las empresas aragonesas conocen bien: la gestión laboral ha dejado de ser un área de soporte para convertirse en un factor estratégico. Quien no se adapte a la velocidad de los cambios normativos y jurisprudenciales corre el riesgo de acumular contingencias que, más tarde o más temprano, acaban pasando factura.
