CEOE y Cepyme avisan al nuevo Gobierno de Azcón: "El diálogo social pertenece a los aragoneses, no a los políticos"
El nuevo Gobierno de Aragón todavía no ha tomado posesión y ya tiene encima de la mesa un aviso claro de las organizaciones empresariales. CEOE Aragón y Cepyme Aragón han publicado un comunicado conjunto en el que reivindican cuarenta años de diálogo social en la comunidad y reclaman al ejecutivo de Jorge Azcón que cuide un modelo que, a su juicio, ha sido clave para la estabilidad económica y laboral de Aragón. El mensaje es directo: no debilites lo que funciona.
Las dos entidades, que representan a miles de empresas, pymes y autónomos aragoneses, no se dirigen al nuevo Gobierno con hostilidad sino con una advertencia de fondo. Aragón lleva desde 1989 construyendo una cultura de concertación entre el ejecutivo autonómico, las organizaciones empresariales y los sindicatos que, según ambas entidades, ha dado frutos concretos en estabilidad laboral, formación, negociación colectiva, atracción de inversiones y lucha contra la despoblación. Debilitarla, advierten, tendría un coste real.
"Esta tradición forma parte de una manera aragonesa de entender la política económica y social: negociación, responsabilidad, respeto institucional y acuerdos útiles", señalan en el comunicado. Y añaden algo que suena más a advertencia que a declaración de principios: "El diálogo social no pertenece a las organizaciones. Pertenece a Aragón y a los aragoneses."
El mensaje implícito es claro. El nuevo Gobierno de Azcón, que arranca con el PP y Vox como socios, tiene ante sí la decisión de mantener o reconfigurar el modelo de concertación social que Aragón ha construido durante cuatro décadas. Y CEOE y Cepyme quieren dejar claro desde el primer día que ese modelo no es negociable.
Cuarenta años de diálogo social en Aragón
El primer Acuerdo Socioeconómico de Aragón se firmó en 1989. Desde entonces, la comunidad ha mantenido una trayectoria de concertación que sus defensores consideran singular en el contexto español. La Ley 1/2018 de diálogo social y participación institucional reforzó ese modelo al reconocerlo como factor clave para la cohesión social y el desarrollo económico de la comunidad.
El marco jurídico que respalda esta cultura de diálogo es sólido. La Constitución Española reconoce el papel de sindicatos y asociaciones empresariales como representantes legítimos de los intereses económicos y sociales, más allá de los partidos políticos. El Estatuto de los Trabajadores otorga rango legal a la negociación colectiva. Y la ley autonómica de 2018 convierte el diálogo social en un elemento estructural de la gobernanza aragonesa, no en una cortesía política.
Las organizaciones empresariales subrayan precisamente ese punto: el diálogo social "no es un privilegio ni una concesión coyuntural del poder político", sino una herramienta reconocida jurídicamente que mejora la toma de decisiones públicas y permite anticipar conflictos antes de que estallen.
La advertencia al nuevo Ejecutivo
El tono del comunicado es institucional pero la lectura política es inequívoca. CEOE y Cepyme Aragón piden "respeto institucional, transparencia y voluntad de diálogo" a los responsables políticos, y reclaman que se cuente con las organizaciones empresariales antes de adoptar decisiones que afecten al tejido productivo.
Una petición que tiene más peso de lo que parece en el momento actual. El nuevo Gobierno de Aragón llega con un acuerdo PP-Vox que incluye consejerías de Desregulación — una de las carteras que Vox se queda — cuyo propio nombre apunta a una filosofía de reducción de regulación y, potencialmente, de los marcos de concertación que rodean la actividad empresarial y laboral.
Las entidades no nombran a Vox ni al acuerdo de gobierno. Pero el contexto en el que lanzan este comunicado — justo antes de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo — dice más que cualquier mención explícita.
"Gobernar para Aragón exige cuidar aquello que funciona", concluyen. Una frase que resume en diez palabras cuarenta años de historia económica aragonesa y una advertencia que el nuevo Gobierno haría bien en no ignorar.
