CEPYME Zaragoza elige nueva presidencia y fija rumbo para cinco años en un momento clave para las pymes
CEPYME Zaragoza ha dado el pistoletazo de salida a su proceso electoral, que culminará con la elección de una nueva Presidencia y un nuevo Comité con mandato para los próximos cinco años. Por el momento, todo apunta a que María Jesús Lorente se presentará a la reelección y no habrá un candidato alternativo.
La reunión, que reunió a los miembros del Comité y a representantes de la Asamblea, sirvió también para abordar el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno central ante la crisis en Oriente Próximo y para dar voz a un sector que lleva meses al límite: el transporte por carretera.
Cinco años por definir
El inicio del proceso electoral supone para CEPYME Zaragoza una oportunidad para fijar la hoja de ruta de la organización en un momento especialmente exigente para las pymes y los autónomos. La entidad subrayó la importancia de reforzar el diálogo interno y la capacidad de interlocución empresarial ante las decisiones que se adoptan a nivel nacional.
Más allá de las elecciones, la reunión puso sobre la mesa una preocupación más transversal: el efecto de la inflación sobre el conjunto de las pequeñas y medianas empresas.
CEPYME Zaragoza señaló el doble impacto que el repunte de precios tiene para las pymes: por un lado, eleva los costes de explotación y aumenta las necesidades de financiación en un momento de mayor tensión sobre la liquidez; por otro, añade presión sobre la negociación colectiva y los convenios laborales, precisamente cuando el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva —vigente entre 2023 y 2025— ha expirado y se abre una nueva etapa de negociación en un contexto más incierto.
Sobre la evolución de los precios del combustible
Tradime, la asociación de transportistas por carretera de Aragón, trasladó en la reunión su preocupación ante la evolución de los precios del combustible y ante el alcance real de las ochenta medidas aprobadas por el Gobierno con una movilización prevista de 5.000 millones de euros. Su valoración fue contundente: las medidas resultan insuficientes para el transporte y, en algunos casos, agravan aún más la situación de un sector que ya opera al límite y cuya continuidad, advirtieron, se ve seriamente comprometida.
A esta posición se suma el pronunciamiento del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que ha reclamado mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual, y la implantación urgente de una cláusula de indexación que permita ajustar el peso del combustible en los costes de explotación con revisiones diarias o, al menos, semanales. El objetivo es evitar que el transportista siga absorbiendo en solitario las oscilaciones bruscas del mercado energético.
AESAR, la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón, hizo una valoración más matizada del Real Decreto-ley 7/2026. Consideró positivas las rebajas fiscales sobre los carburantes, pero subrayó que la respuesta llegó tarde y que la reducción de impuestos podría haber sido más ambiciosa, especialmente teniendo en cuenta la recaudación extraordinaria que la Administración ha venido obteniendo por el IVA sobre combustibles cada vez más caros.
