El Gobierno dispara el IMV un 11,4%: cuánto te sube y quién lo cobra en 2026
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) afrontará 2026 con una revalorización del 11,4%, una de las mayores desde su puesta en marcha. Así lo confirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado 23 de diciembre, en el que el Ejecutivo aprobó un Real Decreto-ley destinado a garantizar la continuidad del denominado escudo social.
La medida beneficiará a cientos de miles de hogares en situación de vulnerabilidad y se enmarca dentro de un paquete más amplio de actualización de las prestaciones del sistema de Seguridad Social, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los colectivos más expuestos a la inflación.
El decreto establece una diferenciación clara entre las distintas prestaciones. Junto al IMV, también se incrementarán un 11,4% las pensiones no contributivas, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, un aumento que busca compensar la pérdida de ingresos acumulada en los últimos ejercicios.
En el caso de las pensiones contributivas, la subida será del 2,7%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Las pensiones mínimas, por su parte, registrarán un incremento superior al 7%, claramente por encima de la inflación, para reforzar la protección de quienes cuentan con carreras de cotización más reducidas.
"El Gobierno cumple con un compromiso inquebrantable: ofrecer certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de que, si los precios suben, sus pensiones también lo harán", subrayó Saiz tras la reunión del Ejecutivo.
Un impulso clave para las familias vulnerables
La revalorización del Ingreso Mínimo Vital supone un impulso significativo para las economías domésticas que dependen de esta prestación. En vigor desde junio de 2020, el IMV garantiza un umbral mínimo de ingresos a personas que viven solas o integradas en unidades de convivencia con escasos recursos.
Con la subida aprobada, todas las modalidades del IMV aumentarán de forma proporcional, desde los hogares unipersonales hasta las familias con varios miembros, reforzando su papel como herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Las medidas tendrán un impacto directo sobre millones de ciudadanos. Más de 9,4 millones de pensionistas contributivos verán actualizadas sus prestaciones, mientras que las personas beneficiarias de pensiones no contributivas —mayores de 65 años o personas con discapacidad sin cotización suficiente— recibirán una mejora notable de sus ingresos.
Estas pensiones, financiadas mediante impuestos y no por cotizaciones, son consideradas una pieza clave en la protección social, especialmente en hogares con mayores niveles de fragilidad económica.
El escudo social se mantiene en 2026
La revalorización de las prestaciones forma parte de la continuidad del escudo social, un conjunto de medidas nacido durante la pandemia y adaptado posteriormente a distintos escenarios de tensión económica. Este paquete incluye, entre otras iniciativas, la protección frente a cortes de suministros básicos, ayudas al alquiler y moratorias hipotecarias.
El Gobierno defiende que mantener estas políticas en 2026 es esencial para garantizar la cohesión social, aun a costa de un esfuerzo presupuestario relevante.
Qué es el Ingreso Mínimo Vital y quién puede solicitarlo
El IMV es una prestación de la Seguridad Social destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Se configura como un derecho subjetivo y su cuantía depende del número de miembros de la unidad de convivencia y de los ingresos del hogar.
Para acceder a él es necesario cumplir requisitos de edad, residencia legal en España, nivel de ingresos y patrimonio. La gestión corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que en los últimos años ha introducido mejoras para agilizar los trámites, aunque el sistema sigue afrontando retos en términos de cobertura y eficiencia administrativa.
Con la subida del 11,4%, el Ingreso Mínimo Vital se consolida en 2026 como uno de los pilares centrales de la política social del Ejecutivo, en un contexto marcado por la necesidad de proteger a quienes más acusan los vaivenes económicos.
