La app que tus hijos abren cada día pacta a la carrera para no llegar al banquillo
A pocos días de sentarse delante de un jurado, una de las grandes redes sociales de Estados Unidos ha optado por pagar. El acuerdo extrajudicial, confidencial, cierra el primer juicio popular por el supuesto diseño adictivo de una aplicación. La cifra no se ha publicado. El mensaje sí: cuando aparece la posibilidad de un veredicto público, prefieren cheque a banquillo.
La demandante es una joven de 19 años. Sostiene que la app le provocó ansiedad, depresión y dismorfia corporal a base de mecanismos pensados para enganchar: scroll que nunca termina, recomendaciones que aprenden tus gustos a medida que las usas, notificaciones a deshora. La querella no ataca el contenido que publican los usuarios —protegido en EE UU por la famosa Sección 230—, ataca el producto. La aplicación como artefacto defectuoso, igual que en su día se hizo con el tabaco. La diferencia es que esa teoría no se había puesto a prueba ante un jurado. Hasta ahora.
La compañía que ha esquivado el trance es Snap, dueña de Snapchat. La vista estaba fijada para el 27 de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles e iba a obligar al consejero delegado, Evan Spiegel, a un contrainterrogatorio en abierto. El pacto de última hora se lo ahorra y, sobre todo, ahorra al sector un veredicto perjudicial que habría servido de carta de presentación a los miles de litigios que vienen detrás.
El caso bellwether que asustaba a Silicon Valley
El expediente estaba catalogado como bellwether —caso testigo, en jerga judicial estadounidense—. Un piloto pensado para comprobar si la teoría aguanta delante de doce ciudadanos. Si los demandantes ganaban ese primer asalto, las plataformas tenían un problema en cadena: el argumento pasaba a ser replicable. Snap ha decidido no jugársela en esa mesa y retirarse antes de la apuesta.
Detrás esperan turno más de 1.200 demandas abiertas en distintos tribunales del país. Las firman familias de menores, fiscales generales de más de cuarenta estados y cientos de distritos escolares, que reclaman dinero para los programas de salud mental que han tenido que poner en marcha en las aulas. En uno de esos expedientes paralelos, el del distrito de Breathitt en Kentucky, también Google —dueña de YouTube— y TikTok prefirieron pactar.
344.000 millones de euros sobre la mesa
Bloomberg Intelligence ha cifrado el riesgo teórico acumulado para el conjunto del sector en 344.000 millones de euros. La estimación es un techo, asume que pierden todos los pleitos a la vez, pero da la magnitud del aprieto. Y los precedentes paralelos no soplan a favor: en juicios separados del mismo tribunal de Los Ángeles, jurados han fallado contra Meta y contra YouTube por considerar que ocultaron a los menores los riesgos de sus plataformas. Las indemnizaciones, sumando daños compensatorios y punitivos, se cuentan por millones.
Lo que viene para las apps que abren los adolescentes
Para un padre o una madre que lea esto, dos cosas que conviene tener apuntadas. Una: los controles parentales y las herramientas de bienestar digital están dejando de ser una opción del fabricante para convertirse en una exigencia. Dos: la presión regulatoria que llega —vía tribunales en EE UU, vía Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea— empuja al sector hacia el principio de seguridad desde el diseño. Traducido a lo concreto: que las apps que abren tus hijos cada mañana tengan que demostrar, antes de salir al mercado, que no han sido construidas para que les cueste soltarlas.
Snap, por su parte, se ha quitado del medio. El resto del sector sigue sentado, pendiente de los próximos juicios contra Meta y TikTok. Lo que está cambiando es la pregunta de fondo: ha dejado de discutirse qué publican los usuarios y ha empezado a discutirse cómo está construido el producto. Una pregunta que, en los tribunales estadounidenses, ya tiene precio.
