La agencia inmobiliaria Alquiler Seguro: investigada por Consumo

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una de las grandes agencias inmobiliarias que operan en todo el territorio nacional, por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión de los alquileres. Esta medida, que afecta a una de las principales inmobiliarias del país, sigue a una investigación iniciada en octubre de 2023, que también contempla a otras agencias similares por cobro de comisiones ilegales y la obligación de contratar servicios no solicitados.

La asociación de consumidores Facua ha identificado a la inmobiliaria investigada como Alquiler Seguro, que en noviembre de 2023 fue denunciada por imponer el cobro de honorarios a los inquilinos. Según Facua, esta práctica contraviene la ley de vivienda que prohíbe el cobro de comisiones a los inquilinos. La inmobiliaria habría cobrado a los arrendatarios el equivalente a un mes de renta más IVA, justificando el pago bajo el concepto de un "servicio de atención al arrendatario".

Sin embargo, Alquiler Seguro ha asegurado que, tras la denuncia, dejó de imponer esta contratación obligatoria y ha comenzado a facilitar a los inquilinos los datos de contacto del propietario de la vivienda, para aquellos que no deseen contratar dicho servicio. No obstante, la Dirección General de Consumo ha detectado irregularidades recientes que han llevado a la apertura del expediente sancionador.

PENALIZACIONES POR INFRACCIONES GRAVES

El procedimiento sancionador de Consumo podría tener consecuencias económicas importantes. La ley establece que prácticas como el cobro de comisiones ilegales o la imposición de servicios no solicitados pueden ser consideradas infracciones graves o muy graves, con multas que pueden alcanzar hasta el millón de euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. Además, estas sanciones podrían superar ese monto, ya que la multa puede ascender a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Alquiler Seguro tiene la posibilidad de presentar alegaciones a la propuesta de sanción y, en caso de reconocer su responsabilidad en parte o en su totalidad, podría beneficiarse de una reducción significativa en el importe de la multa. La Dirección General de Consumo ha solicitado información tanto a Alquiler Seguro como a las otras agencias inmobiliarias que están bajo investigación, tras recibir numerosas denuncias por parte de facilitadores de derechos de los consumidores, como Facua, el Sindicato de Inquilinas-CECU y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

EN LA MIRA DE LA LEY DE VIVIENDA

El Ministerio de Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe de manera expresa el traslado de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato a los inquilinos. Las infracciones de esta normativa pueden tener consecuencias legales significativas, que van desde multas económicas hasta la revocación de licencias de actividad.

Por otro lado, esta acción del Ministerio se suma a los esfuerzos previos contra otras plataformas de alquiler turístico, que también han sido investigadas por infringir leyes relacionadas con la publicidad engañosa o la información falsa sobre los alojamientos ofrecidos. En este contexto, el Ministerio de Consumo continúa protegiendo los derechos de los consumidores, con un enfoque prioritario en garantizar el acceso a la vivienda como derecho básico y necesario, y evitando cualquier tipo de abuso en los contratos de alquiler.