Los gobiernos de Azcón y Ayuso son los que más recortaron las rentas de inserción desde el inicio del IMV
Aragón se ha convertido en la comunidad autónoma que más ha reducido su presupuesto destinado a las rentas mínimas de inserción tras la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del Estado en 2020, coincidiendo con la pandemia. Según un informe de la Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el presupuesto aragonés para este fin ha pasado de 47,7 millones de euros en 2020 a tan solo 1,8 millones en 2023, lo que supone una drástica caída del 96,2%.
Esta reducción, calificada como la más pronunciada del país, no ha sido aprovechada para impulsar proyectos de inclusión social ni para fortalecer otros servicios esenciales como la atención a la dependencia. Gustavo García, coordinador de la asociación en Aragón, denuncia que, aunque el IMV ha contribuido a aliviar la pobreza extrema, los fondos previamente destinados a las rentas mínimas no se han redirigido hacia políticas sociales complementarias. “La aprobación del IMV podría haber sido una oportunidad para avanzar en inclusión social, pero ha quedado desaprovechada”, lamentó García.
Una tendencia nacional, pero Aragón a la cabeza
El descenso en los presupuestos de las rentas mínimas es una tendencia generalizada en España, aunque ninguna región se acerca a los niveles de Aragón. Le siguen Madrid, con una reducción del 91,1%, y Castilla-La Mancha, con un descenso del 82,2%. Estos datos, extraídos de las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales, no incluyen los presupuestos del recién concluido 2024, pero sí reflejan una preocupante disminución en los recursos destinados a los más vulnerables.
En Aragón, el número de beneficiarios de estas ayudas ha aumentado ligeramente, un 3,61% en los últimos tres años, pasando de 20.181 personas en 2020 a 20.910 en 2023. No obstante, este aumento es insuficiente para cubrir las necesidades de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, estimada en 202.534 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Un sistema con luces y sombras
Si bien el IMV ha supuesto un alivio para muchas familias en situación de pobreza severa, expertos advierten que su implantación no debe justificar la eliminación de otras ayudas ni la desatención de políticas sociales que van más allá de la simple transferencia monetaria.
La Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que los recursos liberados por la disminución en el presupuesto de las rentas mínimas podrían haber sido destinados a iniciativas que fomenten la inclusión laboral o a fortalecer programas esenciales como la atención a personas dependientes.
Este “ahorro”, según el informe, no solo priva a las personas vulnerables de oportunidades reales de integración social, sino que también debilita el sistema de protección social en un contexto donde la desigualdad sigue siendo una preocupación creciente.
Una llamada a la acción
Ante esta situación, los expertos y organizaciones sociales instan al Gobierno de Aragón a reconsiderar su estrategia presupuestaria y a redirigir recursos hacia políticas que combatan las causas estructurales de la pobreza. Además, subrayan la necesidad de reforzar programas complementarios al IMV que promuevan la inclusión activa y el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y la vivienda.
