Qué es el IVA franquiciado y por qué más de un millón de autónomos en España no pueden acogerse a él
Los autónomos aragoneses que facturan menos de 85.000 euros al año —la inmensa mayoría— podrían ahorrarse hasta 600 euros anuales en costes y burocracia si España hubiera aplicado el IVA franquiciado, una directiva europea que debía estar en vigor desde el 1 de enero de 2025 y que el Gobierno no ha transpuesto.
Esta semana, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por ese incumplimiento, lo que convierte a nuestro país en el único de la UE donde los autónomos siguen obligados a declarar y pagar el IVA independientemente de lo que facturen.
Las organizaciones ATA y UPTA han celebrado la decisión de Bruselas y han aprovechado para renovar su exigencia al Ejecutivo: aplicar la directiva cuanto antes y no esperar al pronunciamiento judicial.
Qué es el IVA franquiciado y qué cambia para los autónomos
El IVA franquiciado es un régimen simplificado que permite a los autónomos y pequeñas empresas con un volumen de facturación inferior a 85.000 euros anuales quedar exentos de cobrar, declarar y liquidar el IVA. No se trata de una condonación fiscal ni de una ayuda directa: es una simplificación administrativa que elimina una de las cargas burocráticas más pesadas para los pequeños negocios.
En la práctica, un autónomo acogido a este régimen no tendría que emitir facturas con IVA, no tendría que presentar los modelos trimestrales de liquidación del impuesto ni llevar el registro de facturas recibidas y emitidas a efectos del IVA. Una reducción de trámites que, según las organizaciones del sector, equivale a un ahorro de hasta 600 euros anuales en tiempo, gestión y costes de asesoría.
Más de un millón de autónomos en España podrían acogerse a este régimen, según estimaciones de UPTA. En Aragón, donde el tejido productivo está formado mayoritariamente por pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia, el impacto sería especialmente relevante: autónomos de sectores como la hostelería, el comercio, los servicios personales o las profesiones liberales con facturación moderada son exactamente el perfil al que está destinada esta medida.
El resto de Europa ya lo aplica, España no
La directiva europea 2020/285, que regula el IVA franquiciado, debía haber sido transpuesta por todos los estados miembros antes del 1 de enero de 2025. El resto de países de la Unión Europea lo hicieron. España no adoptó ninguna medida legislativa al respecto pese a las advertencias previas de Bruselas y pese a que las organizaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda habían negociado durante meses su implantación.
"A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para trasponer la directiva europea 2020/285. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros", denunció Lorenzo Amor, presidente de ATA, tras conocerse la decisión de Bruselas.
Amor no escondió su frustración con el Ejecutivo: "El Gobierno es lento y perezoso en trasponer directivas que facilitan la labor a los autónomos y pequeños empresarios, pero es ágil cuando son directivas que significan recaudar más". ATA había interpuesto en diciembre una denuncia formal ante la Comisión Europea precisamente por este incumplimiento, y este miércoles Bruselas ha confirmado que solicitará al TJUE una multa contra España.
UPTA: "No es un capricho, es una necesidad"
La otra gran organización de autónomos, UPTA, también celebró la decisión de la Comisión Europea y reclamó al Gobierno que retome el compromiso adquirido con el sector. "El IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios", afirmó su presidente, Eduardo Abad.
Abad fue directo al señalar las responsabilidades: "El Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo. El Gobierno debe retomar este compromiso, cumplir con Europa y, sobre todo, cumplir con los autónomos".
Qué puede pasar ahora
Con la demanda presentada ante el TJUE, el proceso judicial europeo puede prolongarse durante meses o incluso años. Sin embargo, la presión política sobre el Gobierno aumenta: a la condena pública de las organizaciones de autónomos se suma ahora el riesgo de una multa económica impuesta por el tribunal europeo por incumplimiento de una directiva comunitaria.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda. Si el Ejecutivo transpone la directiva antes de que el TJUE se pronuncie, podría evitar la sanción y dar a los autónomos españoles —incluidos los aragoneses— el régimen simplificado que el resto de sus homólogos europeos ya disfrutan desde hace más de un año.
