El BOE entra en tu casa: riesgo de hasta 49.000 euros de multa si no evaluas a tu empleada del hogar
El trabajo doméstico, uno de los sectores más precarizados de España, entra desde este pasado viernes en una nueva etapa regulatoria. El Gobierno ha activado definitivamente la obligación de realizar una evaluación de riesgos laborales en los hogares que tengan empleadas del hogar, un trámite que, pese a lo reciente de su implantación, ya acarrea posibles sanciones por incumplimiento que pueden alcanzar los 49.000 euros.
La medida llega tras años de reivindicaciones y después de que instituciones nacionales e internacionales advirtieran de la desprotección estructural del colectivo.
Un sector feminizado, precarizado y aún parcialmente invisible
En España, el Sistema Especial de Empleados de Hogar registra alrededor de 340.000 trabajadoras afiliadas, aunque un informe reciente de Oxfam Intermón estima que la cifra real supera las 565.000 personas, al incluir las que trabajan en la economía sumergida.
El retrato del sector refleja su fragilidad:
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87% son mujeres, muchas de ellas migrantes.
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32% trabaja en la informalidad, sin contrato ni cobertura.
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El salario mínimo para una jornada completa ronda apenas los 1.100 euros mensuales.
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38% reconoce tener dificultades para llegar a fin de mes.
La falta de protección ha sido una constante: hasta hace apenas unos años, estas trabajadoras no tenían derecho a paro y, tradicionalmente, quedaban excluidas de la normativa plena en materia de prevención de riesgos laborales.
El antes y el después del Real Decreto de 2024
Para corregir ese vacío, el Gobierno aprobó en 2024 un Real Decreto que introduce novedades clave para reforzar la seguridad de las trabajadoras domésticas. La principal obligación recae sobre los empleadores: evaluar y documentar los riesgos laborales dentro del domicilio en el que trabajan.
Consciente de la dificultad de aplicar una normativa pensada para empresas en hogares particulares, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) habilitó la herramienta digital Prevención10, diseñada específicamente para estos casos.
Se estableció un periodo de adaptación de seis meses desde su puesta en marcha, que se cumple este viernes 14 de noviembre. A partir de ahora, cualquier hogar con empleada del hogar que no haya realizado el trámite puede ser sancionado.
Qué exige exactamente esta evaluación
Los empleadores deben:
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Analizar riesgos presentes en las tareas habituales: limpieza, uso de productos, manejo de electrodomésticos, escaleras o manipulación de cargas.
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Documentar por escrito la evaluación y las medidas preventivas adoptadas.
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Revisar el documento cuando cambien las condiciones laborales o tras un incidente.
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Entregar una copia a la trabajadora.
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Aplicar los cambios preventivos necesarios y registrarlos con fecha.
Se trata, en esencia, de una adaptación doméstica de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero con mecanismos simplificados.
Sanciones: de 2.451 euros a casi 50.000
Aunque el BOE no detalla una cuantía concreta para este caso, sí remite a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), que establece las multas aplicables para incumplimientos en prevención:
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Desde 2.451 euros: infracción grave en grado mínimo.
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Entre 12.626 y 24.000 euros: grado medio.
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Entre 24.000 y 49.000 euros: grado máximo, si existen agravantes.
Es decir: un hogar que ignore la evaluación de riesgos puede enfrentarse a una sanción similar a la impuesta a una empresa.
Más medidas: equipos, formación y protección frente al acoso
El Real Decreto no solo contempla la evaluación. Introduce otras garantías:
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Equipos de protección gratuitos para la trabajadora si el trabajo los exige.
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Formación obligatoria en prevención de riesgos, incluida la ofrecida por Fundae.
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Reconocimiento médico gratuito y voluntario cada tres años.
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Elaboración de un protocolo contra violencia y acoso, que permitirá abandonar el domicilio ante riesgo grave sin que se considere dimisión o abandono.
El Ministerio de Sanidad trabaja además en una red de vigilancia para mejorar la detección y comunicación de riesgos laborales en el trabajo doméstico, históricamente invisibilizado.
Un antes y después en los hogares españoles
La nueva normativa supone un giro importante: por primera vez, un domicilio particular se convierte, a efectos legales, en un lugar de trabajo regulado. Y aunque la medida busca dignificar y proteger a un colectivo históricamente vulnerable, también introduce obligaciones inéditas para miles de familias que deberán aprender a gestionarlas.
Con el plazo vencido este pasado viernes, la vigilancia comienza ahora. El reto será doble: garantizar que las trabajadoras estén mejor protegidas, y que los empleadores se adapten a una normativa que ya ha empezado a tener consecuencias reales.
