Reducción de jornada a 37,5 horas: CEOE y Cepyme rechazan la propuesta del Gobierno
CEOE y Cepyme expresan su desacuerdo con la propuesta de reducir la jornada laboral semanal, alegando riesgos para la estabilidad del tejido empresarial.
El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han rechazado de forma unánime la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral legal a 37,5 horas semanales a partir de 2025.
Las organizaciones señalan que establecer por ley modificaciones de este tipo en aspectos que tradicionalmente se negocian en convenios colectivos representa una intervención en la autonomía de dicha negociación, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución, que garantiza acuerdos directos entre empresas y trabajadores.
IMPACTO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Según CEOE y Cepyme, la reducción de jornada podría generar efectos adversos en un ecosistema empresarial dominado por pequeñas empresas y trabajadores autónomos, quienes constituyen el 98% del tejido productivo nacional.
Para muchas pymes y autónomos, la reorganización de sus operaciones para ajustarse a la reducción horaria podría comprometer su capacidad de adaptación y, en algunos casos, su viabilidad.
PROPUESTA DEL MINISTERIO
En la última mesa de diálogo social, el Ministerio de Trabajo dio un plazo hasta el 11 de noviembre para que sindicatos y patronales se pronuncien. La propuesta incluye ayudas de hasta 375 millones de euros para apoyar a pymes de sectores específicos, como la hostelería y la agricultura, y programas de asesoramiento bajo el "Plan Pyme 375", que además de fomentar empleo estable, bonificaría la conversión de contratos a jornada completa.
El Ministerio ha sugerido que, de no llegar a un acuerdo con CEOE y Cepyme, podrían modificarse algunos de los apoyos económicos contemplados en la propuesta.
Sin embargo, la patronal reitera que imponer medidas generales ignora las diferencias entre sectores y regiones y podría desestabilizar un marco de negociación que ha contribuido a la paz social y económica durante décadas.
