Abascal no sabe cuántos inmigrantes quiere deportar Vox tras apuntar a los 8 millones
El debate sobre la inmigración y las políticas de control fronterizo ha vuelto en los últimos días, generando reacciones divididas tanto entre representantes políticos como en la ciudadanía. Las declaraciones sobre posibles expulsiones masivas han provocado interpretaciones diversas, alimentando un clima de incertidumbre en torno a las cifras y los criterios que podrían regir una eventual política migratoria más estricta. En medio de esta controversia, se cuestiona la viabilidad, legalidad y alcance de las medidas planteadas por algunas formaciones.
El foco ha recaído especialmente sobre Vox, partido que ha protagonizado la polémica tras unas declaraciones recientes que se han interpretado como un intento de justificar la expulsión de millones de inmigrantes en España. En concreto, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha salido al paso de lo que ha calificado como "manipulaciones" y "mentiras" respecto a los objetivos migratorios del partido. A través de la red social X (anteriormente Twitter), Abascal negó tajantemente que se haya hablado de expulsar a ocho millones de personas, una cifra mencionada por otra integrante del partido en una rueda de prensa.
Las declaraciones que encendieron la polémica provinieron de Rocío de Meer, diputada de Vox, quien se refirió a más de siete millones de personas (incluyendo a hijos de inmigrantes) en relación con el volumen de población extranjera asentada en España en las últimas décadas. A esto se sumaron las palabras del portavoz de Asuntos de Interior, Samuel Vázquez, quien propuso la "remigración" y repatriaciones masivas como soluciones ante el fenómeno migratorio, describiéndolas como "el mal menor".
Abascal, sin embargo, ha matizado que su partido no ha establecido una cifra concreta de personas que serían deportadas, argumentando que ese número solo se conocerá si Vox alcanza responsabilidades de gobierno. Según explicó, el objetivo es expulsar a quienes hayan llegado a España a delinquir, aprovecharse del sistema de bienestar social, imponer valores culturales contrarios a los del país, o hayan demostrado comportamientos violentos, especialmente contra las mujeres. En este grupo también incluirían a los menores extranjeros no acompañados, que, según Vox, deberían estar con sus familias en sus países de origen.
Rocío de Meer también ha utilizado la red social X para aclarar sus palabras, asegurando que nunca dijo que debían ser expulsados ocho millones de personas, sino que se trataba de una estimación sobre el volumen actual de inmigrantes y descendientes en el país. "Hay que expulsar a los que haga falta para que ni una familia más tenga que lamentar no haberlo hecho", escribió, enfatizando que se refería a casos de inmigración irregular o delictiva.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha defendido que lo expuesto por su compañera responde a una aproximación estadística sobre el crecimiento de la inmigración desde los años noventa. Según Millán, el enfoque del partido no es nuevo y se enmarca dentro de lo que ya contempla la legislación española, concretamente la Ley de Extranjería, la cual, en su opinión, el actual Gobierno ha incumplido al mantener una política de "puertas abiertas".
Millán ha insistido en que la postura de Vox defiende una inmigración legal, ordenada y acorde con el contexto económico, social y cultural del país. Además, ha criticado a medios y partidos que, según ella, tergiversan las propuestas del partido mientras ignoran las consecuencias del crecimiento descontrolado de la inmigración.
El debate sigue abierto y, con él, las dudas sobre qué significaría en la práctica una política de "remigración masiva", cómo se ejecutarían esas deportaciones y cuál sería su impacto en términos legales, sociales y económicos. Lo cierto es que la inmigración se consolida como uno de los temas clave en la agenda política española, y las posiciones al respecto parecen cada vez más polarizadas.
