El abogado general de la UE alerta de que los plazos de la amnistía pueden vulnerar la independencia judicial
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha puesto hoy en cuestión uno de los elementos más sensibles de la Ley de Amnistía: los plazos de dos meses que fija la norma para que los jueces determinen si un caso debe ser amnistiado o no. Según su análisis, estos tiempos “podrían ser contrarios al derecho de la Unión” y “quebrantar la exigencia de independencia judicial” por ser “demasiado cortos” para resolver asuntos de alta complejidad.
Aunque sus conclusiones no son vinculantes, la jurisprudencia demuestra que el alto tribunal europeo suele seguir en la mayoría de los casos el criterio de sus abogados generales. La sentencia definitiva no tiene fecha.
Señalamiento directo a la tutela judicial eficaz
En uno de los puntos más críticos de su opinión, Spielmann subraya que el margen de dos meses previsto en la LOA puede no ser suficiente para que los tribunales evalúen si los hechos vinculados al referéndum ilegal de 2017 están amparados por la amnistía. En particular, mencionó la dificultad de analizar con tan poco tiempo el origen de los fondos (europeos o nacionales) y su destino, especialmente en los procedimientos que afectan al Tribunal de Cuentas.
“El plazo podría resultar demasiado corto para determinar si la situación está cubierta o no por la amnistía”, advierte.
El abogado general señala, sin embargo, que el Gobierno español ha defendido ante el tribunal que dicho plazo es “estrictamente indicativo”. Ninguna de las partes personadas ha negado esa interpretación.
No ve incompatibilidad con la normativa europea sobre fraude ni terrorismo
El dictamen de Spielmann, no obstante, no cuestiona el núcleo de la Ley de Amnistía. El abogado general afirma que el hecho de que la LOA extinga responsabilidades contables incluso si afectan a fondos europeos no convierte automáticamente la ley en contraria al derecho de la UE. En otro procedimiento prejudicial, concluye que la amnistía no vulnera la Directiva europea contra el terrorismo, al considerar que no interfiere en las obligaciones de los Estados en materia de persecución de delitos graves.
Choque institucional: la Comisión Europea fue crítica en la vista oral
La vista celebrada en Luxemburgo el pasado julio dejó entrever discrepancias internas dentro de las instituciones europeas. Durante la sesión, Carlos Urraca Caviedes, miembro de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, fue especialmente duro con el relato del Gobierno español. “En último término, la pregunta es si es compatible con los valores de la Unión conceder una amnistía a cambio del apoyo a la investidura de un Gobierno. La Comisión Europea piensa que la respuesta debe ser negativa”, afirmó.
Un dictamen en disputa
Aunque Spielmann respalda la mayor parte de la amnistía, su advertencia sobre los plazos abre un flanco jurídico que puede tener efectos en la implementación práctica de la norma y alimenta el debate político en España.
La decisión final del TJUE será clave para determinar si la ley puede aplicarse íntegramente, si debe reinterpretarse o si necesita ajustes para garantizar la independencia judicial y la protección de los intereses financieros de la Unión.
Hasta que llegue ese fallo, la amnistía sigue sometida a un intenso escrutinio europeo, con consecuencias jurídicas y políticas que van más allá del conflicto catalán.
