Airbnb, multada con 64 millones de euros por anuncios ilegales de viviendas turísticas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción histórica a Airbnb por publicar miles de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, en una actuación ligada al control del mercado del alquiler en España.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y Consumo ha impuesto a Airbnb una multa de 64.055.311 euros por incurrir en prácticas comerciales desleales, tras detectar la publicación de 65.122 anuncios de viviendas turísticas sin la licencia obligatoria. La resolución es firme y agota la vía administrativa, lo que obliga a la plataforma a cumplir de inmediato las medidas impuestas.
Según el Ministerio, la cuantía de la sanción equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido, un criterio contemplado en la normativa para evitar que las grandes empresas asuman las multas como un coste asumible de su actividad.
Anuncios sin licencia y publicidad engañosa
La investigación concluye que Airbnb mantuvo en su plataforma anuncios que no cumplían la normativa autonómica y estatal en materia de viviendas de uso turístico. Entre las irregularidades detectadas figuran alojamientos sin número de registro, el uso de licencias falsas o incorrectas y la falta de información veraz sobre la condición jurídica de los anfitriones, sin especificar si actuaban como particulares o empresas.
Para Consumo, estas prácticas vulneran el derecho de los usuarios a recibir información clara y fiable y suponen un perjuicio tanto para los consumidores como para el mercado regulado del alojamiento turístico.
Retirada de anuncios y obligación de hacer pública la multa
Además de la sanción económica, la resolución incluye dos medidas accesorias de obligado cumplimiento: la eliminación de todos los contenidos ilícitos detectados y la obligación de hacer pública la sanción, una medida poco habitual que busca reforzar la transparencia y el efecto disuasorio.
El Ministerio subraya que estas actuaciones no tienen carácter aislado y forman parte de un control continuado sobre las plataformas digitales que operan en el mercado del alquiler turístico.
Un paso más en la lucha contra la crisis de la vivienda
Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se insiste en que la sanción se enmarca en una estrategia más amplia para ordenar el mercado del alquiler, frenar prácticas abusivas y limitar el impacto de los alquileres turísticos ilegales sobre el acceso a la vivienda, especialmente en zonas tensionadas.
En paralelo, Consumo mantiene otros expedientes sancionadores abiertos contra agencias inmobiliarias por posibles abusos hacia inquilinos, lo que refuerza la línea de actuación del Gobierno en este ámbito.
Un aviso al sector
La multa a Airbnb supone una de las mayores sanciones impuestas en España a una plataforma digital por este tipo de infracciones y lanza un mensaje claro al sector: la intermediación en el alquiler turístico debe ajustarse estrictamente a la legalidad vigente.
Para las autoridades, la regularización del mercado no solo protege a los consumidores, sino que contribuye a equilibrar la oferta residencial, uno de los grandes desafíos sociales y económicos del país en la actualidad.
